Los tres dilemas de Marchena para evitar que el 28-A dinamite el juicio del 1-O

Llega el momento procesal que más inquieta a Manuel Marchena y al resto de magistrados que forman el tribunal que juzga el 1-O. Pese a algunas citas "decisivas" ya vividas -como el arranque con las declaraciones de los procesados o las más recientes testificales de los mandos policiales sobre el referéndum ilegal-, será la próxima semana la que obligará al presidente del tribunal a tomar decisiones y resolver algunas trampas que se le van a presentar con motivo del comienzo de la campaña electoral del 28-A.

Marchena, hasta la fecha, ha sido unánimente elogiado por juristas y expertos -no así para el independentismo y sus terminales mediáticas- por su forma de conducir la vista oral. Ha frenado con mano izquierda todos los intentos de convertir la sala en un show mediático o un circo político, y ha garantizado el máximo garantismo para evitar que en su día el independentismo trate -como no se cansa de advertir- de lograr un revolcón en la Corte de Estrasburgo.

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Pero, a partir de este viernes, Marchena está obligado a tomar algunas decisiones polémicas. Para ello se ha reunido este lunes la Sala que el juez preside. La primera: si da permiso a Jordi Sánchez y a Oriol Junqueras en el debate electoral de los números uno por Barcelona apadrinado por el cabeza de lista de Puigdemont.

Y es que el Ministerio del Interior se ha lavado las manos -podría haber alegado razones de seguridad- y dejó la pelota en el tejado de la Junta Electoral. Y ésta ha hecho lo propio depositando la decisión en Marchena.

De él depende que la cárcel de Soto del Real acoga finalmente el debate entre Sánchez, Junqueras y Jaume Asens (Podemos). Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Meritxell Batet (PSOE) e Inés Arrimadas (Cs) ya se han borrado de la trampa independentista.

La Sala resolverá previsiblemente este martes la cuestión que le ha sido remitida desde la Junta Electoral Central. Según fuentes consultadas por Europa Press los magistrados han deliberado este lunes y se inclinan por señalar su falta de competencia sobre este asunto, que compete a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y a la propia JEC en lo que se refiere a su incidencia electoral.

La agenda del procesado-candidato, Oriol Junqueras, amenaza la normalidad del juicio en el Supremo.

Pero no solo esa cita supone un quebradero de cabeza para Marchena. El magistrado deberá decidir si admite que Junqueras y Sánchez pueden acudir a recoger su acta, a la sesión constitutiva de las nuevas Cortes y al debate de investidura del gobierno que salga de las urnas del 1-O. Las primeras filtraciones han avanzado que el tribunal permitirá que los acusados salgan "algunas horas" para los trámites que sean preceptivos.

Además, Marchena afronta un tercer dilema. Ya la semana que viene el juicio coincidirá ofialmente con los primeros días de la campaña. Y no están citados testigos cualquiera. Están llamados el exconsejero de Interior, Jordi Jané, y el exjefe de los Mossos, Albert Batllé, los primeros altos cargos que dimitieron antes de la deriva golpista. También Pere Soler, el sustituto de Batllé.

La presencia de Vox como acusación popular supone una derivada más en este complicado equilibrio entre el proceso judicial más importante de las últimas décadas y la campaña. Con procesados en el banquillo del Supremo que encabezan sendas listas al Congreso de los Diputados. Todo un reto para Marchena, otra vez con Estrasburgo en el retrovisor.