15 de diciembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La juez destapa los amaños y corruptelas del PSPV durante la época dorada de ZP

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Ximo Puig.

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Ximo Puig.

La magistrada ha podido ir atando cabos gracias a un informe encargado a la Intervención General del Estado, y detalla las conclusiones en un auto letal para los socialistas valencianos.

La investigación en torno a su presunta financiación ilegal se les complica al PSPV y al Bloc, la matriz de Compromís.

Este viernes se conoció un informe de la Intervención General del Estado que revela irregularidades en "la práctica totalidad" de las adjudicaciones a la agencia de comunicación Crespo Gomar que fueron investigadas por la juez del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia.

Tanto en las efectuadas desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, como en las del Ministerio de Vivienda en 2009 y del de Medio Ambiente en 2007, con la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como ministra. En todos los casos se trataba de administraciones controladas por el PSOE en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.

El gerente de la firma Crespo Gomar era Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía Antonio Gomar, bajo la Alcaldía de José Manuel Orengo, actualmente asesor de Ximo Puig en Presidencia de la Generalitat.

La magistrada vio indicios de financiación irregular, falsedad continuada, malversación y prevaricación tras estudiar una denuncia del diputado del PP y ex vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, y también tras encargar un informe a la Intervención General del Estado.

El auto de inhibición de la juez se hizo público este viernes, y es contundente

Por este motivo, en enero la juez acordó inhibirse en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía. El auto en el que lo hacía se conoció este viernes, y no podría ser más demoledor para los socialistas y los de Mónica Oltra

En él, la juez considera que "indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación".

"Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar", añade el auto.

En la documentación aportada a la causa aparecen las mercantiles Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital, a través de Metrovacesa, como firmas que supuestamente se hicieron cargos de facturas por servicios prestados a los citados partidos.

La magistrada de instrucción expone además en su escrito que el PSPV-PSOE abonó a Crespo Gomar 79.663 euros en 2007 y 325.094 en 2008, y que esta misma firma recibió, al menos, contratos por 184.138 euros en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad, por 126.208 desde el Ministerio de Vivienda y 159.362 euros desde el Ayuntamiento de Gandía.

En 2009, y desde esta misma administración local, Crespo Gomar fue adjudicataria de servicios por 104.737 euros, y en 2010 por importe de 103.672 euros.

Manolo Mata (en el centro) asegurando que no hay trama ni financiación ilegal. 

 

El auto ha caído como una bomba en el socialismo valenciano, porque hasta ahora lo que había ido saliendo eran noticias de prensa, pero esta vez se trata de un auto judicial y un informe de la Intervención General del Estado. 

No obstante el vicesecretario del PSPV, Manolo Mata, afirmó este viernes sin rubor que de este escrito ellos concluyen que "no hay trama, no hay financiación ilegal, ni dinero negro".

Y aseguró que la documentación aportada sobre la contabilidad que se está investigando es un "cortapega" del actual líder provincial del PP en Alicante, José Císcar, al que definió como "el topo" y "la mano que mece la cuna". "Esto no es un tema de un buen ciudadano que presenta documentación a la Policía. Es un mangante, alguien manipula todo esto y se lo da a un juzgado", señaló.

Sin embargo, los de Ximo Puig tendrán que buscarse mejores argumentos si quieren salir vivos de ésta. Porque aunque la presunta financiación ilegal ha prescrito, las responsabilidades políticas no. 

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