23 de noviembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Sánchez se entrega al chavismo judicial de Iglesias tras tildarlo de peligroso

Pablo Iglesias en la presentación del documento en febrero de 2016

Pablo Iglesias en la presentación del documento en febrero de 2016

Podemos desveló su estrategia de asalto a la Justicia en 2016 y el PSOE, que ahora la suscribe, la denunció. Europa enciende las alarmas ante un desafío democrático como nunca desde 1978.

La independencia judicial, y por tanto el Estado de Derecho, está en peligro. Lo dice la Asociación Europea de Magistrados en un demoledor comunicado que enciende todas las alarmas y pone el foco en la propia Unión Europea, que en casos similares en Polonia incluso bloqué ayudas económicas que espera España ahora para evitar este tipo de abusos:

"En lugar de aprovechar esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial reforzando las garantías de independencia de los jueces y magistrados, como pilar fundamental del estado de derecho, la presente opción aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva".

Lo dicen los jueces europeos, pero también lo sostenían en el pasado el PSOE y Podemos, que el martes no tuvieron reparos en desdecirse para lanzar el mayor desafío a la separación de poderes desde 1978.

El propio Sánchez consideraba peligroso hacer lo que ahora impulsa entregado a la visión chavista de la justicia en Podemos

Lo han hecho presentando una proposición en el Congreso que permitiría al bloque de la investidura controlar la Justicia a su antojo, utilizando un atajo posiblemente inconstitucional que les permitiría elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ por la puerta de atrás, esquivando la necesaria mayoría de 3/5 del Congreso que prevé la Constitución y rematando un abordaje que comenzó con el nombramiento de una ministra como Fiscal General, Dolores Delgado, y con el asalto a la Abogacía del Estado.

El deseo de Podemos

Pese a que desde que Podemos llegó a la política siempre ha solicitado la despolitización de la misma, nunca han sido esas sus verdaderas intenciones. El Poder Judicial siempre ha sido para los morados una objetivo más a derribar, algo que ahora es mucho más evidente una vez que tanto la formación como su líder Pablo Iglesias están acorralados.

De hecho, para Podemos, los jueces no son hombres y mujeres profesionales e intachables, sino que están al servicio de un plan mayor orquestado para derribar al Gobierno y acabar con el propio Podemos, acusándoles de estar al servicio de los intereses de la derecha.

Por ello, pretenden ahora ahorrarse las mayorías necesarias para renovar el CGPJ con un consenso mayor y crear un sistema judicial que permita a PSOE y Podemos, apoyados por Bildu y los separatistas catalanes, modificar la judicatura, para colocar al frente de la misma a personas afines, igual que ya hizo Sánchez con la designación de Dolores Delgado.

Y es que, la campaña orquestada desde Podemos para acabar con los jueces y colocar a los suyos no es nueva, sino que viene de lejos. En 2018 ya Iglesias, y antes de que sus escándalos judiciales saltasen a la palestra, afirmaba que "España necesita una justicia independiente del poder político y el poder económico", siguiendo con su argumentario habitual contra el Poder Judicial.

 

 

Pero mucho ya antes, en 2016, Podemos ya planteaba en un documento que envió al PSOE con la intención de formar Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, titulado Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías, la necesidad de que los "cargos de especial relevancia" como jueces o fiscales sean nombrados "atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar".

De hecho, en lo relativo a la Justicia, el documento cita a los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, el fiscal especial anticorrupción, el fiscal del Tribunal de Cuentas y la Abogacía General del Estado como puestos clave a tener en cuenta.

Por ello, sostiene que "la elección deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio".

 

Extracto de una de las versiones del documento de Podemos

 

Entonces las asociaciones judiciales y de fiscales clamaron contra lo que consideraron una injerencia en su labor e incluso el propio Pedro Sánchez, que ahora ha accedido a esta intromisión en el Poder Judicial, se negó al abuso, obligando a Podemos a retirar este punto de un acuerdo que jamás se cerró.

"Me puedo entender con Podemos para aprobar un Ingreso Mínimo Vital pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero", decía Sánchez en junio de 2016.

 

 

Pero ahora el Ejecutivo ha maniobrado para poner a la Justicia al servicio de los intereses del llamado 'Gobierno del Cambio'. Un intento que Iglesias llevaba cocinando durante años pero que ahora ha conseguido consumar una vez que ha llegado a la Moncloa. Y que el propio Sánchez consideraba peligroso, hasta el punto de mostrar su disposición a renunciar a las cuotas de decisión que le corresponden al PSOE:

 

 

El viraje de Sánchez hacia las posiciones de Podemos y de los partidos separatistas no resiste un visionado de la hemeroteca, y afecta de lleno a uno de los pilares de la democracia. Lo dicen los jueces europeos y en Bruselas, tal vez, esté el único antídoto para un abuso que desde España solo el Tribunal Constitucional parece capaz de parar:

"Las nuevas normas sobre el nombramiento de jueces/miembros del Consejo del Poder Judicial aumentan significativamente la influencia del Parlamento sobre el Consejo y afectan negativamente a su independencia en contradicción con las normas europeas". Eso dijo el "sindicato de magistrados" para el caso europeo, pero bien sirve ya para España.

Por ello, algunos eurodiputados, como Maite Pagazaurtundúa, ya han llevado ante las instituciones europeas esta injerencia de Sánchez y su Gobierno en el poder judicial.  De hecho, ha remitido un escrito a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre esta reforma"a la luz de la separación de poderes y la independencia judicial. Es un asunto de extrema gravedad", ha asegurado.

 

La iniciativa señala que los cambios propuestos por PSOE y Unidas Podemos  están "destinados a facilitar los nombramientos por parte del Gobierno", y denuncian, "pueden afectar a la independencia del máximo órgano de gobierno judicial".

Pero no solo eso, sino que otros miembros de la cámara europea, como Luis Garicano ya han avisado de las consecuencias que esta reforma podría conllevar en el reparto de los fondos de recuperación europeos.  A juicio de Garicano "está peligro la llegada de los fondos por el intento de Sánchez de adueñarse de la justicia". 

 

De hecho, ha asegurado que ha mantenido conversaciones con eurodiputados y comisarios y "todos han mostrado una enorme sorpresa y preocupación" ya que Sánchez "no ha medido el riesgo en un momento en el que el estado de derecho es el único tema" importante, y que podría incluso paralizar la llegada de un dinero necesario para reflotar la ya de por sí hundida economía española.

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