11 de diciembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El pacto por el CGPJ indigna a la Judicatura y agranda la brecha con la política

Manuel Marchena en el centro y a la izquierda Andrés Martínez Arrieta, que le sustituirá en el juicio del 1-O.

Manuel Marchena en el centro y a la izquierda Andrés Martínez Arrieta, que le sustituirá en el juicio del 1-O.

En el peor momento de las relaciones entre políticos y jueces por el vodevil del impuesto de las hipotecas, el acuerdo suscrito entre populares y socialistas ha añadido más leña al fuego.

El nulo disimulo del PSOE y el PP a la hora de pactar el nombre del nuevo presidente del CGPJ cuando todavía no están siquiera designados los 20 vocales ha acentuado el enfrentamiento entre la política y la Judicatura.

La designación de Manuel Marchena por acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Casado no ha hecho sino empeorar una relación que ya viene atravesando un momento muy delicado a raíz del vodevil del impuesto de las hipotecas en el Tribunal Supremo. 

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales salieron este lunes en tromba contra lo que consideran una componenda que acentúa la sensación de injerencia del poder político, y ello en vísperas del juicio más importante al que se ha enfrentado la democracia española: el del procés. 

La más crítica fue la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, cuyo portavoz, Raimundo Prado, tildó el pacto entre socialistas y populares de "aberrante" y acusó a ambos de "saltarse a la torera" la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual al presidente del CGPJ lo han de elegir libremente los vocales del mismo.

Desde Juezas y Jueces para la DemocraciaIgnacio González Vega lamentó que la "batalla política por controlar" el CGPJ envíe a la ciudadanía un mensaje que daña su imagen.

Algo más comedido fue el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, mayoritaria entre los jueces, que confió en que el pacto "no afecte ni a la apariencia de independencia ni a la credibilidad de la Justicia". Aunque recordó que deberían ser los jueces y no los políticos quienes elijan a los miembros de su órgano de gobierno.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés,tachó de "impresentable" el acuerdo, que a su juicio "pone en evidencia la politización de la justicia" en España.

En medio del clamor en la Judicatura, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, intentó serenar los ánimos de antiguos compañeros al resaltar lo buena noticia que es haber alcanzado un pacto en un Parlamento fragmentado. 

A Sánchez tampoco le ayuda el tuit que desempolvó este lunes Ciudadanos de la hemeroteca, en el que se comprometía a hacer un CGPJ "verdaderamente independiente del gobierno". Claro que entonces, en el año 2014, no estaba en La Moncloa.

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