Soraya borró artículos de la Ley de Seguridad Nacional el día antes de aprobarse

Pablo Casado lanzó el guante a Pedro Sánchez y éste lo recogió 48 días después. El presidente en funciones se ha mostrado públicamente abierto a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional si la sentencia del procés deriva en disturbios callejeros y los Mossos d'Esquadra miran para otro lado. Porque las sospechas en torno a las órdenes políticas que pudiera recibir la policía autonómica catalana se han disparado a raíz de la dimisión, el lunes, de su director, Andreu Martínez. 

El artículo 155 requeriría el visto bueno del Senado, y no está claro que con un Gobierno en funciones y las Cortes disueltas pudiera aplicarse, aunque desde La Moncloa aseguran que han hecho las preceptivas consultas jurídicas y tendrían luz verde. 

En cambio, la Ley de Seguridad Nacional permitiría al Ejecutivo atar en corto a los Mossos por la vía del real decreto. Que únicamente tendría que ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso dentro de los 30 días siguientes. 

Siendo Mariano Rajoy presidente, en el momento álgido del procés, sus ministros protagonizaron varios debates internos sobre si no era mejor aplicar la Ley de Seguridad Nacional antes que recurrir a la caballería del artículo 155 de la Constitución.

Lo que casi nadie sabe es que dicha ley, que fue aprobada como proyecto de ley por el Consejo de Ministros el 22 de mayo de 2015 (en teoría iba a ser una ley orgánica, pero acabó tramitándose como ley ordinaria), provocó tensiones y levantó algunas ampollas en el Ejecutivo. 

Hasta el punto de que, el día antes de su aprobación, la entonces vicepresidenta decidió suprimir algunos artículos de la ley que le chirriaban y que también habían provocado el malestar del ministro de Defensa, Pedro Morenés.

La vicepresidenta y el ministro de Defensa sentían amenazadas sus competencias 

Ambos, Soraya Sáenz de Santamaría y Morenés, sintieron invadidas sus competencias y amenazado su poder por la creación del Departamento de Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad Nacional, el órgano encargado de "asistir al presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional", según su texto.

Dicho departamento estaba en manos del Gabinete de Rajoy, y por tanto fuera del control de la número dos del Ejecutivo. Ésta, además, rebajó las competencias del Consejo de Seguridad Nacional para que no acabara convirtiéndose en una especie de Consejo de Ministros bis y se guardó sus espaldas y las de Morenés con este apartado del artículo 25:

"En la situación de interés para la Seguridad Nacional el presidente del Gobierno convocará al Consejo de Seguridad Nacional para que ejerza las funciones de dirección y coordinación de la gestión de dicha situación, todo ello sin perjuicio de la aplicación de la legislación en materia de Defensa Nacional y de las competencias que correspondan al Consejo de Ministros". 

Fuentes conocedoras del proceso de redacción y negociación de aquel proyecto de ley relatan a ESdiario que, en realidad, la Ley de Seguridad Nacional no se hizo pensando en Cataluña, puesto que cuando empezó a pergeñarse (año 2014) Rajoy no preveía un escenario de insurrección tal como se produjo. 

Se hizo pensando en mejorar la coordinación entre los distintos ministerios en situaciones de emergencia, así como para regular los estados de alarma y excepción. Y no tanto para restar competencias a las comunidades autónomas, aunque rápidamente nacionalistas e independentistas lo entendieron así.

De hecho, la Generalitat la recurrió ante el Tribunal Constitucional y el alto tribunal dictaminó por unanimidad en diciembre de 2016 que la norma era legal. Aunque aquella sentencia del TC impone restricciones a su aplicación para hacerse con el control de los Mossos. 

A pesar de que por aquel entonces Rajoy disfrutaba de la tranquilidad de una mayoría absoluta, el proyecto de ley fue negociado con el PSOE, a través del exdiputado José Enrique Serrano. De ahí que a los socialistas les suene bien su melodía.