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Un juez de Reus cerca a Anna Gabriel y ordena detener a dos ediles de la CUP
El juzgado destapa por fin el papel de los cargos públicos cuperos en el acoso y las agresiones a policía y guardias civiles tras el referéndum del 1-0. Les acusa de un delito de odio.
Nuevo golpe policial a la CUP. Un juzgado de Reus ha notificado este miércoles la orden de detención de dos de sus concejales en la localidad como investigados por un presunto delito de odio hacia la Policía Nacional.
Según ha informado la CUP de Reus en su perfil de Twitter: "Nos han notificado la orden de detención de dos de los concejales de la CUP Reus a raíz de las movilizaciones del 1-O. Ante la represión del Estado, nosotros seguimos en pie, alegres y combatientes. Las calles serán siempre nuestras".
Ens han notificat l'ordre de detenció de dos dels regidors de la @CUPReus arran de les mobilitzacions de l'#1O! Davant la repressió de l'estat, nosaltres seguim #dempeus alegres i combatents! Els carrers seran sempre nostres✊@cupnacional
— CUP Reus (@CUPReus) 26 de diciembre de 2017
Los concejales Marta Llorens y Oriol Ciurana no se habían presentado en dos anteriores ocasiones requeridos por el Juzgado de Instrucción 2 de Reus, que investiga la causa.
Los concejales Marta Llorens y Oriol Ciurana, de la CUP.
Después del operativo de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre, los portavoces municipales del PDeCAT-CiU, CUP, ERC y Ara Reus firmaron un manifiesto que sostenía que la convivencia se alteró con la llegada a Reus de la Guardia Civil y la Policía Nacional -que se alojaron en hoteles de la ciudad- y criticaba la intervención policial en la jornada de votaciones.
La causa se abrió tras una denuncia de la Policía Nacional por la polémica generada por la estancia de los agentes en un hotel de la ciudad para participar en el operativo contra el 1-O, y concretamente sobre acontecimientos del martes 3 de octubre, día de paro en Cataluña.
Se convocó delante del Hotel Gaudí de Reus, donde estaban hospedados los agentes, una manifestación contra su estancia en la localidad y, por otra parte, los grupos municipales firmaron el manifiesto que criticaba "la violencia brutal e injustificable" del dispositivo.
