21 de septiembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Un caso de corrupción en el PSOE de Jaén remata a Susana en su momento crítico

El exdirigente del PSOE-A, Gaspar Zarrías, junto a la presidenta andaluza.

El exdirigente del PSOE-A, Gaspar Zarrías, junto a la presidenta andaluza.

El actual primer edil de Cazorla y su antecesor, junto a un concejal, declararon este martes imputados por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, tras favorecer a familiares.

Dos alcaldes y un concejal imputados por un feo chanchullo relacionado con una vía pecuaria en una zona residencial de la Sierra de Cazorla, en Jaén. Un nuevo escándalo con derivada judicial sacude estos días al PSOE-A en vísperas de un nuevo Congreso del socialismo andaluz -en julio- y en plena batalla entre los fieles al secretario general, Pedro Sánchez, y la presidenta andaluza, Susana Díaz.

El PSOE de Jaén, el partido que con mano de hierro dirigió durante décadas quien fuera todopoderoso vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías -conocido como el virrey-, desfiló este martes por los juzgados.

En concreto, en calidad de imputados, declararon ante la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cazorla el actual alcalde de la localidad jienense, Antonio José Rodríguez Viñas, su antecesor en el cargo, José Luis Díaz Viñas, y el concejal y dirigente del PSOE de Cazorla, Diego Navarrete Ciscar.

Junto a ellos, y según ha sabido ESdiario, prestó declaración un técnico municipal, Cesáreo Gómez. Todos ellos están acusados de delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Gómez, además, de malversación de fondos públicos.

El caso, que afecta a una zona residencial en plena Sierra de Cazorla, está relacionado con la declaración de urbanizable de un sector de la misma y de la existencia de una supuesta vía pecuaria. Resultaron favorecidos con esta declaración municipal -no se pidió el informe preceptivo- varios familiares del actual alcalde y del concejal Navarrete. En concreto, la cuñada del primero y los suegros del segundo.

Fue un particular propietario de una residencia en la zona quien denunció el caso en 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción, que vio indicios de delito y remitió las diligencias a la Fiscalía de Jaén.

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