Los jueces hunden al PDeCAT por cobrar mordidas millonarias en el Caso Palau

El partido que ha gobernado 31 de los 38 años de democracia en Cataluña ha recibido este lunes un varapalo judicial histórico. La antigua Convergencia, reconvertida en el PDeCAT, ha sido condenada a devolver más de 6 millones de euros en mordidas ilegales y compromete -dada su ya delicada situación financiera- seriamente su futuro. Y su extesorero, condenado a 4 años de cárcel.

Los magistrados Montserrat Comas, José Antonio Lagares y Julio Hernández han condenado a Felix Millet  a 9 años y 8 meses de prisión y a Jordi Montull a 7 años y 6 meses de prisión por malversación y apropiación indebida. Gemma Montull, por su parte, es condenada a 4 años y seis meses de prisión, superando la pena que pedía la fiscalía.

Asimismo, el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, ha sido condenado a 4 años y 5 meses. La sentencia impone el comiso de 6,6 millones a Convergència Democràtica de Catalunya.

Sin embargo, han sido absueltos Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, los dos responsables de Ferrovial. También Rosa Garicano, próxima a Millet y Montull en el Palau de la Música y para la que la fiscalía solicitaba cinco años de prisión.

Historia de un juicio

El juicio arrancó el 1 de marzo con las cuestiones previas y una semana después empezaban las declaraciones de los acusados con Fèlix Millet en primer lugar y su confesión por el "error brutal" de haber desviado fondos de la entidad a su beneficio personal y las explicaciones sobre que Ferrovial hacía donaciones al Palau para que llegaran a CDC a cambio de obra pública.

En la misma línea, Jordi Montull también reconoció el desfalco y explicó que las comisiones que se embolsaban -una parte iba al partido y otra a él y Millet- pasaron del 3% al 4% porque "CDC quería más dinero" y su hija Gemma lo ratificó aunque dijo que era el expresidente del Palau el que lo controlaba todo.

En cambio, el extesorero Daniel Osàcar negó las acusaciones de que el partido cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través de la entidad: "Aquí se ha mentido mucho".

Por su parte, en su informe final, el fiscal Emilio Sánchez Ulled aseguró que el Palau de la Música "era la cañería por la que transitaba el dinero" que la constructora Ferrovial supuestamente pagaba a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.

Tras cuatro meses y medio y una cincuentena de sesiones en los que comparecieron ante el tribunal un total de 16 acusados, el juicio quedó visto para sentencia, casi ocho años después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música por primera vez, en julio de 2009.

El caso arrancó a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona y dejó 65 cajas con 102 volúmenes, con 60.784 folios más la documentación de las diferentes piezas separadas, y lo instruyó el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, por el que pasaron varios magistrados entre su inicio y 2016, cuando se remitió a la Audiencia.