25 de abril de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

España apuesta en solitario por la sanidad gratuita para todos los inmigrantes

Inmigrantes a bordo del Aquarius

Inmigrantes a bordo del Aquarius

España acaba de aprobar la sanidad gratuita para todos los inmigrantes, aunque carezcan de papeles. Una medida humanitaria con un coste incierto que casi nadie asume en el resto de Europa.

En España, según estimaciones aproximadas, vive alrededor de un millón de inmigrantes en situación irregular, los llamados sin papeles. Desde hace apenas una semana, y en pleno alud de pateras y quejas políticas por el desbordamiento, todos ellos tendrán los mismos derechos de acceso a la sanidad pública que un español, una medida aplaudida y controvertida a partes iguales que, para el Gobierno de Sánchez, ha sido bandera.

La medida contrasta con la manera de gestionar este asunto tan sensible en la mayor parte de los países de Europa: salvo en Francia, en ningún otro se presta un servicio similar al que España ya ha aprobado. Ni Alemania ni Reino Unido ni Bélgica, por citar tres países importantes, garantizan unas prestaciones como las que España ha asumido ya en plena crisis migratoria en Ceuta.

 

El Real Decreto que devuelve la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS) y "desliga" la asistencia sanitaria de la condición de asegurado ya ha entrado en vigor y, desde esta semana, garantiza la sanidad pública y gratuita para todos los inmigrantes que estén en España con independencia de su situación legal, lo que según algunos cálculos puede tener un coste de 1.100 millones de euros para el erario público y suscitar un efecto llamada.

Dos consecuencias que, sin embargo, hay expertos que desmienten o en todo caso consideran compensadas por otros beneficios en términos de cotizaciones futuras de los migrantes ya instalados.

En la nueva normativa, que acaba con una de las normas más criticadas dentro del Real Decreto 16/2012 puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, inspirado a su vez en la política de una buena parte de los países de Europa en este ámbito, fue aprobada el viernes 27 de julio en el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

 

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra destacó en ese momento que se establece como titulares del derecho a recibir asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, así como a las personas nacionalizadas en España, a los extranjeros residentes, a los pensionistas que residen en otros países y a los trabajadores transfronterizos.

Informe previo

En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades.

Ahora bien, la ministra advertía que para evitar casos de "abuso", y por ende el turismo sanitario, se va a financiar esta asistencia cuando se cumplan los siguientes criterios: no tener la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y demás normas aplicables; no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia; y no existir un tercero obligado al pago.

En todo caso, tal y como ha asegurado el Ministerio de Sanidad, la asistencia sanitaria a estos colectivos no genera un derecho a la cobertura sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a los fondos públicos. Además, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial.

"Nadie atrás"

"Una sociedad justa no deja a nadie atrás. Hoy se recupera la universalidad en el derecho a la salud gracias a una norma que armoniza y da cohesión al SNS y que, además, genera igualdad", aseguraba la ministra entonces.

La nueva norma argumenta que "la exclusión del colectivo de personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España del derecho de protección a la salud y a la atención sanitaria no ha sido acorde, por tanto, con los antecedentes normativos existentes en nuestro país ni con los diversos compromisos internacionales adquiridos".

Trasplantes también

Asimismo, tiene una disposición adicional que hace referencia a la incorporación de los nuevos asegurados en las listas de espera de trasplantes. Así, se señala que, previo informe favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establecerán los requisitos y período mínimo para que puedan acceder a esta prestación sanitaria.

Según el Ministerio, la elaboración de la norma se han tenido en cuenta los informes y consideraciones realizadas por los organismos internacionales como, por ejemplo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud. También se ha incorporado información aportada por las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas o la sociedad civil en los distintos encuentros mantenidos las últimas semanas para el desarrollo del real decreto.

 

Del mismo modo, la ministra de Sanidad afirmaba de que la nueva normativa acabará con la "inseguridad jurídica" que afecta tanto a las personas que precisan atención sanitaria como a los profesionales que prestan ese servicio público, así como a las administraciones que en su día las aprobaron. Aunque de cifras concretas la ministra no dio ninguna sobre el número de beneficiarios, sí insistió en el concepto general.

Finalmente, recordaba que según sus cálculos la aplicación de la norma no implica un mayor coste para las arcas públicas, y que la atención normalizada en Atención Primaria permite un "mejor control" de las enfermedades y de la salud pública, al tiempo que evita "descompensaciones" en enfermedades que provocan atenciones urgentes y hospitalizaciones.

Un momento difícil

La tensión en la frontera sur, con asaltos a las vallas de Ceuta o Melilla; y el incremento de pateras en el litoral andaluz, envuelven esta medida en una crisis política desconocida en España en lo relativo a la inmigración: nunca como ahora se ha debatido tan en público sobre el fenómeno, con visiones criticas como las de Pablo Casado (PP) o Albert Rivera (Ciudadanos) al respecto de la imposibilidad económica para acoger a todo aquel que quiera venir, sin despreciar por ello la asistencia humanitaria al que ha llegado. En ese sentido, conviene preguntarse cómo gestiona la sanidad para este sector la Unión Europea, con una clara diferencia según cada país.

 

 

ALEMANIA

 

En Alemania, la ley determina que se debe prestar la atención sanitaria necesaria, pero en lo relativo a la implementación deja mucho margen de acción a las autoridades regionales y municipales. No es un derecho absoluto, pues.

En términos generales, la visita al médico tiene que estar precedida de una autorización de la oficina de asuntos sociales pero la ciudad estado de Hamburgo ha dotado por darle una tarjeta de la seguridad sanitaria a los refugiados, lo que simplifica los trámites y reduce la burocracia.

Algunas organizaciones piden que el modelo de Hamburgo se generalice, pero de momento no hay consenso político al respecto.

 

BÉLGICA

 

La asistencia sanitaria en Bélgica se basa en un sistema de seguros. Las personas que cotizan a la Seguridad Social tienen acceso a un seguro obligatorio que cubre los cuidados sanitarios, mientras que quienes no cotizan cuentan con otros sistemas, en función del tipo de estancia en el país.

Para los demandantes de asilo y las personas sin residencia legal en Bélgica, las prestaciones sociales se someten a ciertas restricciones. En el caso de los solicitantes de asilo, las autoridades federales financian una estructura de acogida específica que cubre los cuidados médicos.

Para las personas que no tienen residencia legal, las prestaciones sociales se limitan en general a la ayuda médica urgente.

 

ITALIA

 

En Italia, los inmigrantes , así como los italianos, deben inscribirse al Servicio Sanitario Nacional para obtener la tarjeta sanitaria que da derecho a un médico de base, los servicios de urgencias y las hospitalizaciones, y para ello necesitan tener el permiso de residencia.

 

 

En el caso de los inmigrantes definidos como irregulares, el ministerio del Interior en su página web les asegura que tienen derecho a acudir a las estructuras sanitarias públicas para ser atendidos y para ello tienen que pedir una tarjeta llamada S.T.P. (extranjero temporalmente presente) que tiene una validez de seis meses, renovable, y para recibirla se debe declarar no tener recursos económicos suficientes. 

 

PORTUGAL

 

En Portugal, los inmigrantes con autorización de residencia tienen derecho de acceso al Serviço Nacional de Saúde (SNS) en los mismos términos que los portugueses. Eso implica el pago de 1,5 euros por consulta en los centros de salud, y de 5 euros en los servicios de urgencias.

Los inmigrantes en situación irregular pueden acceder a la sanidad lusa demostrando que están viviendo en el país con un documento emitido por su junta de distrito (Junta de Freguesia) aunque, si no son contribuyentes de la seguridad social, pueden tener que pagar el 100 % del servicio prestado.

La Direçao Geral da Saúde (DGS) subraya que esta norma no aplica en caso de enfermedades contagiosas que supongan una amenaza para la salud pública, acompañamiento de embarazadas, consultas de planificación familiar y menores de edad, ya que en todos estos casos el acceso al SNS es gratuito también para inmigrantes sin permisos.

 

 REINO UNIDO

 

En el Reino Unido no existe un registro nacional de inmigrantes en situación irregular y solo tienen derecho a recibir las prestaciones del sistema público de salud (NHS, según sus siglas en inglés) aquellos que tengan los papeles en regla.

No obstante, sí pueden acceder a los servicios de urgencias y a los análisis y tratamientos de enfermedades infecciosas y de transmisión sexual, siempre que el enfermo haya residido en el país durante al menos seis meses.

 

 

 FRANCIA

 

En Francia, la Ayuda Médica del Estado (AME) permite a extranjeros en situación irregular acceder a los cuidados médicos, y se atribuye por periodos de un año, renovables, a quienes demuestran "residencia estable" de forma ininterrumpida durante un mínimo de tres meses, pero que no tienen tarjeta de residencia.

La AME cubre también a las personas a cargo del beneficiario, como su pareja, niños menores de 16 años o de hasta 20 en caso de que sigan estudiando, y la totalidad de la asistencia médica y hospitalaria, en consultas o servicios que no superen las tarifas reembolsadas por la Seguridad Social.

Quedan excluidos de ese dispositivo, salvo en el caso de los menores, la realización de exámenes, los medicamentos y productos necesarios para la procreación asistida, las curas termales y aquellos medicamentos de baja utilidad terapéutica, de los que solo se devuelve el 15 %.

El partido ultraderechista Frente Nacional (FN) ha criticado a menudo este sistema, denunciando que, en su opinión, están mejor atendidos los inmigrantes irregulares -exentos de pago- que aquellos franceses con ingresos bajos que deben abonar una cotización. 

 

SUIZA

 

Suiza es uno de los países de Europa donde los inmigrantes en situación irregular tienen derecho a acceder a la atención de salud, más allá de situaciones de emergencia y que ponen en peligro su vida.

La Constitución federal de Suiza señala que el Estado central y los cantones (circunscripciones que gozan de elevada autonomía) deben garantizar que toda persona reciba la atención de salud que necesita, aunque existen variaciones considerables entre las prestaciones que se ofrecen entre un cantón y otro.

 

Todas las personas que viven más de tres meses en Suiza están obligadas por la ley a afiliarse a una compañía de seguros, incluso en el caso de los inmigrantes sin papeles.

En concreto, la ley del seguro de salud establece que las compañías "no están autorizadas a transmitir las informaciones sobre el estatus legal de su cliente en Suiza" y están obligadas a aceptar a toda persona que vive en el país, independientemente de si cuenta con un permiso de residencia.

El gran obstáculo que enfrentan los inmigrantes es el alto coste del seguro de salud, que muchas veces está fuera de su alcance. En Suiza no existe un registro de extranjeros en situación irregular. Las cifras citadas son siempre estimaciones y están en la horquilla entre 70.000 y 180.000 personas, de las que se calcula que al menos el 10 por ciento son menores de edad. 

 

GRECIA

 

La ley en Grecia estipula que los servicios públicos no pueden atender a ciudadanos de otros países que no residan legalmente en el país con la excepción de los casos urgentes y el tratamiento a los niños.

Durante los últimos años de la crisis, profesionales voluntarios han creado clínicas sociales en todo el país para atender a los extranjeros y al cerca del 30 % de griegos que han perdido el acceso al sistema sanitario tras estar sin trabajo durante más de un año.

El Gobierno de Syriza publicó un decreto ley que ha restaurado el acceso sanitario universal y permite a los indocumentados acudir gratuitamente a los hospitales, pero no a las consultas médicas regulares.

Comenta esta noticia
Update CMP