02 de junio de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Jueces y fiscales, convencidos: Trapero y los “jordis”, este lunes a la cárcel

El Mayor Trapero, en el centro, en su declaración en la Audiencia Nacional.

El Mayor Trapero, en el centro, en su declaración en la Audiencia Nacional.

La Justicia lleva derroteros distintos a la política, es como un pesado elefante al que le cuesta arrancar, pero cuando lo hace es imparable e incumplir las leyes tiene serias consecuencias.

Si en todo el llamado procés hay un colectivo que se siente especialmente vilipendiado, agraviado, menospreciado o acosado por el independentismo impulsado desde las instituciones catalanas ése es el mundo de la judicatura. El sentimiento de indignación de jueces, fiscales o juristas es unánime con quienes, con Carles Puigdemont, a la cabeza están incumpliendo sistemáticamente las leyes desde el pasado mes de septiembre “gratis o a un bajo precio”, tal y como señalan a ESdiario fuentes de la judicatura.

Jueces o fiscales asisten perplejos como se ha ninguneado -lo califican incluso como de “humillación pública y acoso en Cataluña”- a todo el estamento judicial, desde el Tribunal Constitucional hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pasando por la Fiscalía o los juzgados ordinarios. Algo inédito en el ordenamiento jurídico internacional de los países democráticos y que han transmitido una falsa idea  de impunidad e inseguridad jurídica muy perjudicial para la democracia. Así, los mandamientos judiciales se han incumplido por parte de las altas instancias de la Generalitat pero también por la cúpula y los propios agentes de los Mossos d` Esquadra. Una situación de pérdida de la legalidad insostenible y que provocó que el TSJC ordenara la custodia de sus dependencias a la Policía Nacional.

La perplejidad de la judicatura tuvo honda repercusión durante la recepción oficial del Rey Felipe VI en el Palacio Real con motivo del día de la Hispanidad. En todos los corrillos en los que participaba algún destacado juez o fiscal, los comentarios y las conclusiones eran idénticas: la Justicia es normalmente lenta pero va a actuar y lo hará de manera justa pero contundente y sin concesión alguna. La Justicia, con mayúsculas, lleva un camino bien distinto al de la política.

La metáfora del elefante era muestra gráfica de lo que va a ocurrir en próximas fechas. “La Justicia es un elefante que cuesta poner en marcha, pero una vez echa andar es imparable” y tras la metáfora aquí relatada lo siguiente que repetían hasta la saciedad jueces y fiscales es una contundente afirmación: la Justicia no responderá a intereses políticos y será inflexible con lo que sistemáticamente  han incumplido estas semanas las leyes y entienden que derivará en serias responsabilidades penales. Y en este punto tan delicado no se escatimaron ni nombre y apellidos ni un pronóstico sobre su futuro inmediato: el ingreso en prisión del Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y el de los presidentes de ANC Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Los presuntos delitos, tras la primera comparecencia en la Audiencia Nacional, se han visto considerablemente aumentados tras los nuevos informes presentados a la juez por la Guardia Civil.

Así, todas las miradas pues puestas en este lunes 16 de octubre, día en el que Carles Puigdemont debe responder al requerimiento del Gobierno de Mariano Rajoy y, casualmente, fecha señalada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para volver a tener en frente al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y a los presidentes de ANC Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional les vuelve a citar tras incorporarse un nuevo atestado de la Guardia Civil a la causa que investiga los incidentes ocurridos en Barcelona el 20 y 21 de septiembre y que apunta que los imputados por delito de sedición formaban parte del organigrama del Gobierno catalán para promover la independencia.

Además llama a declarar en calidad de testigos a la secretaria judicial del Juzgado número 13 de Barcelona y a dos agentes de la Guardia Civil en relación con los incidentes ocurridos esos días durante los registros y detenciones a altos cargos del gobierno catalán por el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

El nuevo atestado de la Benemérita incorporado a la causa denuncia que los Mossos mantuvieron una "actitud pasiva" ante la concentración de un elevado número de personas frente a los centros en los que se desarrolló el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y precisaba que, en algunos casos, evitaron intervenir cuando los agentes del Instituto Armado fueron agredidos.

Además se acusa al director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, de montar "contravigilancias" para "blindar" a los miembros de la Generalitat a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional y de transmitir a Trapero las órdenes para el cumplimiento de estos requerimientos.

Alentar a las masas

En relación a los presidentes de las asociaciones soberanistas, la Guardia Civil expuso en su informe que quedó acreditado que participaron en las movilizaciones del 20 y 21 de septiembre y además "alentaron a la masa" llamando a concentrarse frente a la sede del TSJC.

Tras el estudio de este nuevo material aportado a la causa, la magistrada instructora determina citarles de nuevo apenas diez días después de su primera comparecencia en este órgano judicial el pasado 6 de octubre.

El interrogatorio del pasado viernes arrancó con la intendente Laplana que respondió a las preguntas de las partes por videoconferencia al acreditar un problema de salud relacionado con vértigos que le impedía viajar hasta Madrid.

Trapero se defendió sin argumentos

Tras ella llegó el turno de Trapero que explicó que la actuación para proteger el dispositivo de la Guardia Civil ante la sede de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre fue "correcta y necesaria" teniendo en cuenta que no se les avisó con suficiente antelación.

Por su parte, Sànchez respondió únicamente a las preguntas de su abogado afirmando que las convocatorias eran de carácter pacífico mientras que Cuixart se acogió a su derecho de no responder ninguna pregunta. La juez no acordó medidas cautelares para ninguno de los cuatro a la espera de esta nueva citación judicial.

Además, Lamela ha recordado este mismo miércoles a Sànchez y Cuixart que la competencia para juzgar el delito de sedición en este caso concreto corresponde a la Audiencia Nacional en tanto se trata de hechos que integran una hoja de ruta establecida para declarar la independencia en Cataluña. Los dos investigados presentaron el pasado jueves ante este órgano un conflicto de competencias alegando que lo ocurrido debía investigarlo un juzgado ordinario de Barcelona.

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