Caso ERE: procesan a un exdirector del PSOE y a tres hijos de Ruiz-Mateos

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha resuelto continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera (PSOE) y otras 20 personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas por más de 35 millones de euros concedidas por la Junta a empresas del Grupo Ruiz-Mateos bautizadas como Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos S.L., Hotel Cervantes -Europa Center- y Comercial Alimentaria Dhul S.L.

En un auto notificado este jueves a las partes, el magistrado aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, e investiga a 21 personas, entre ellas a Álvaro, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos, hijos del conocido empresario y político jerezano José María Ruiz-Mateos; a cinco "intrusos" y tres responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter, que son el administrador único de la mediadora de seguros Uniter, José González Mata; y los exdirectivos de Vitalia Jesús María Bordallo y Antonio Albarracín.

En este caso, según argumenta el instructor en el auto, "concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante su mandato como director general de Trabajo, se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, pagos de ayudas y subvenciones ilícitas -objeto específico del presente procedimiento-", indicando que su no exclusión de las correspondientes piezas separadas relativas a las ayudas concedidas a las empresas beneficiarias y "la constatación de evidentes indicios de criminalidad en su actuación por el hecho de haber realizado pagos de las ayudas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión ha sido ya destacada en diversas resoluciones" por la Audiencia.

Las indemnizaciones e intrusos

Las ayudas, según el juez instructor, habrían sido destinadas al pago de compromisos financieros y laborales de la empresa, tales como indemnizaciones por despido derivadas de cuatro ERE concertados y autorizados por la autoridad laboral mediante la financiación de un seguro de rentas, incluyendo también en dicho aseguramiento a algunas personas sin relación laboral con las empresas, es decir los "intrusos".

Y ello es así "con independencia de que Rivera pudiera no haber tenido connivencia alguna con el resto de investigados, pues dicha circunstancia no constituiría una causa excluyente de la antijuricidad de su conducta en relación a los hechos delictivos objeto del presente procedimiento".

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Para el juez, "tampoco es óbice para acordar la continuación de las presentes actuaciones el hecho de que iniciara -años más tarde de disponer ilícitamente de los fondos públicos puestos a su cargo- un procedimiento dirigido a detectar y declarar la inclusión indebida de beneficiarios irregulares en las pólizas". El magistrado agrega que, en todo caso, "dicha actuación revisora y de comprobación realizada por el investigado respecto de la inclusión de los 'intrusos' no puede ser valorada como una circunstancia eximente o como una excusa absolutoria de los ilícitos penales en los que habría tenido participación -autoría- en 2010".

Aquella actuación, "una vez iniciada la investigación penal de los hechos en el marco de la causa matriz, no es constitutiva de supuesto alguno de exclusión o de exención de responsabilidad, pudiendo dar lugar, a lo sumo, a la apreciación de una atenuante de reparación del daño·, según el juez José Ignacio Vilaplana.