La Falange de Alicante lleva al Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales

La Falange ha plantado cara al Gobierno de España y lo ha llevado a los tribunales. El despacho de abogados Roberto&Salazar lleva gratuitamente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la defensa de esta formación política y su derecho constitucional. Este martes han presentado un recurso contra la prohibición decretada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante de celebrar un acto de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, previsto para el 26 de noviembre. 

El coordinador de la Falange en la Comunidad Valenciana, Juan Pedro Marín, ha confirmado a ESdiario la presentación de este recurso, y ha lamentado la persecución política que la organización fundada por Primo de Rivera está sufriendo en toda España. Advierte que “todo lo que se hace en esa marcha es absolutamente legal y no contraviene a lo que dicta la Constitución”, en referencia a la uniformidad, los saludos o los mensajes que se difunden. 

Cada año unas cien personas hacen el recorrido desde el antiguo penal de Alicante, donde fue fusilado José Antonio –hoy centro de menores de La Florida-, hasta el cementerio, donde están los restos del ideólogo político y una placa conmemorativa. Primo de Rivera fue fusilado el 20 de noviembre de 1936 en Alicante acusado de rebelión militar contra la Segunda República, 4 meses después del inicio de la Guerra Civil española. 

En el recurso presentado contra la prohibición, la organización argumenta que “la resolución gubernativa donde se les comunica la prohibición no se emitió en las 72 horas posteriores a la entrada en la Subdelegación del Gobierno de la solicitud efectuada por La Falange”. Además, denuncian una vulneración de la ley que regula el derecho de concentración y manifestación a todos los ciudadanos. 

La Falange tenía previsto celebrar un acto de homenaje a su líder ideológico, como cada año en torno al 20 de noviembre -día en el que fue fusilado José Antonio Primo de Rivera en Alicante en 1936-, pero desde el Gobierno de España les han frustrado las intenciones. La Subdelegación del Gobierno ha denegado el permiso alegando “peligro de alteración del orden público”. En concreto, el documento firmado por la subdelegada Araceli Poblador, estima que “existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas y bienes”. Esta resolución daba un plazo de 48 horas para presentar alegaciones al juzgado de lo contencioso-administrativo, por eso la organización presentó este martes el escrito.