El juez acorrala al nieto de los Alba por un presunto delito ambiental con "impacto" en Doñana

Este próximo jueves, el nieto mayor de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, tendrá que comparecer ante la justicia acusado de un presunto delito contra el medio ambiente, como representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria. El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) investiga la existencia y uso de pozos supuestamente no autorizados en la finca Aljóbar, gestionada por dicha sociedad y situada en el término municipal de Aznalcázar, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, por lo que podría haber ocasionado un ""impacto colateral" en su acuífero.

El caso, que arrancó en 2023, se complica cada vez más para el duque de Aliaga, ya que través de un escrito con fecha de 13 de febrero, el juzgado daba cuenta de un nuevo informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, avisando de que si bien en el auto judicial inicial "se interesan actuaciones sobre ocho pozos sin autorización, sería conveniente extenderlas a un noveno pozo en cuestión, que si bien no está en funcionamiento en la actualidad, podría estarlo si se le vuelven a instalar los elementos".

El juez suma a la causa otro posible punto de extracción ilegal de agua en la finca, situada en el entorno de Doñana, al considerarlos "no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", por lo que acuerda "ampliar las medidas cautelares y el precinto acordado al denominado pozo".

Advertencia por desobediencia al 'saltarse' el precinto

Las medidas judiciales contra el aristócrata tuvieron un paso previo con un auto de fecha 31 de enero, en la que el juzgado sevillano ordenaba ya la citación como investigado de Luis Martínez de Irujo como representante de la empresa y decretaba el precinto de los pozos en cuestión, así como "la retirada de las bombas y demás equipos instalados en esos pozos que tengan como fin la extracción de aguas de la Cuenca del Guadalquivir, autorizándose el uso proporcionado de la fuerza si fuera necesario para ello".

Pero es que además, en ese auto, el magistrado reflejó que la parte investigada "queda apercibida" de la posible "comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de quebrantar ese precinto o continuar con el uso de esos pozos no autorizados".

Y es que, según el juzgado, "los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente en relación con la existencia de ocho pozos no autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la finca Aljobar en el término municipal de Aznalcázar y propiedad de la sociedad Eurotecnia Agraria, que han sido objeto de precinto en fechas recientes por la autoridad administrativa al volver a ser usados sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétrico".

El caso salpica a Eugenia Martínez de Irujo

La investigación sobre la empresa de los Alba comenzó en 2023 a raíz de la denuncia que presentó la Fiscalía contra Eurotecnia Agraria y contra Eugenia Martínez de Irujo, como presidenta de la misma. La reacción de los denunciados fue, por un lado, desligar a la aristócrata, hija de Cayetana de Alba y tía de Luis Martínez de Irujo, de la gestión de la entidad y, por otro, alegaron que la extracción de agua "en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG".

En un comunicado, Eurotecnia Agraria aseguraba que Luis Martínez de Irujo "es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar", defendiendo que Eugenia Martínez de Irujo "no ha participado nunca en la gestión de la explotación" agrícola de naranjos de dicha finca.

"Impacto colateral" a Doñana

La vigilancia de las extracciones ilegales de agua en el entorno de Doñana se han intensificado en los últimos años, ya que esta es una de las principales amenazas para el espacio natural, y la finca de los Alba es una de las que está bajo el foco de la justicia.

Es el propio juzgado el que detecta posibles "indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna, y exponiéndose en la pericial que una sobrexplotación del acuífero puede causar daños ambientales como el propio descenso de su nivel piezométrico o un deterioro en la calidad de sus aguas, al movilizar aguas del subsuelo o en la compactación del suelo y la salinidad de sus aguas".