La Audiencia de Sevilla contrataca y pide al TC que "justifique" su última maniobra con el caso ERE

El caso de los ERE en Andalucía se ha convertido en una 'batalla' entre la Audiencia Sevillana que condenó a los exdirigentes socialistas y el Tribunal Constitucional que anuló las sentencias.

El ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Grinán en los juzgados de Sevilla.Europa Press

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La resolución definitiva de la pieza principal de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de Andalucía se está haciendo esperar porque los tribunales que tienen que decidir sobre el futuro de los exdirigentes socialistas que estaban al frente de la Junta han entrado en 'guerra'. 

La Audiencia de Sevilla es ahora la encargada de emitir las nuevas sentencias derivadas de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados, sin embargo este último órgano, con el presidente Cándido Conde-Pumpido al frente, no está dispuesto a que se cuestione si se ha "extralimitado" en sus funciones ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE), tal y como expuso la Audiencia a las partes: el PP y Manos Limpias.

La Audiencia de Sevilla ha recibido oficio del secretario del TC cuestionando si los togados españoles pueden formular o no una cuestión prejudicial al TJUE, después de que el juzgado provincial preguntara a las partes sobre si el TC "se ha extralimitado" con una "interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación", si dicha doctrina "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción" y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias.

La Audiencia de Sevilla contrataca

Ahora la Audiencia planta cara a la acción promovida por Conde-Pumpido y ha pedido al TC que "justifique la finalidad" del oficio con el que pretende impedir que el caso llegue ante la justicia europea..

Cabe destacar que las últimos pasos de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla se producen después de que el Tribunal Constitucional, con una mayoría de siete magistrados a favor y cuatro en contra, admitiese parcialmente los recursos de amparo de diez de los ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por dicha instancia provincial por prevaricación y en otros casos también por malversación, en el procedimiento específico de financiación autonómica de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.

Dado el caso, el TC anulaba la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla con relación a exdirigentes socialista de la Junta como los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía Magdalena Álvarez, el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo o el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

Tras anular dichas condenas, el Constitucional ordenaba a la Audiencia la emisión de nuevas sentencias, teniendo en consideración los fundamentos jurídicos incorporados por el tribunal al asunto.

El Constitucional no acepta que le cuestionen

A grandes rasgos, el TC ha declarado que tanto la Audiencia de Sevilla en su sentencia inicial condenatoria como el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían "incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española".

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Y es que según el TC, "no cabe considerar que la participación en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley pueda ser calificada como resoluciones recaídas en asunto administrativo"; avisando de que "los jueces, que están sometidos al imperio de la ley, tienen el deber de respetarla cualquiera que sea el juicio que su contenido les merezca" y "solo cuando consideran que es inconstitucional y que de su validez depende el fallo deben plantear cuestión de inconstitucionalidad, pero fuera de este supuesto no podrán cuestionar sus determinaciones".