Montero mantiene el pulso con la Junta e ignora las sentencias judiciales sobre El Algarrobico
La ministra asegura que el hotel ilegal será demolido "este mismo año" pero, según avisó el Gobierno andaluz, no se puede derribar de manera parcial y abre la puerta a nuevos recursos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al hotel El Algarrobico en una visita en febrero.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue en su afán de confrontar con la Junta de Andalucía y con las propias decisiones judiciales, en este caso a cuenta de la demolición del hotel ilegal situado en la playa El Algarrobico, en Carboneras (Almería) tras emprender, en solitario, la vía de la expropiación de los terrenos.
Según María Jesús Montero el derribo del hotel será una "realidad este mismo año" dado que el Gobierno está "cumpliendo los plazos" que se había marcado para la expropiación de parte de los terrenos que ocupa el inmueble, en concreto, aquella parte que invade el dominio público marítimo-terrestre competencia de Costas.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante el desayuno informativo de El Correo de Andalucía
Así lo ha manifestado durante su participación en un desayuno informativo del Correo de Andalucía después de que el BOE y el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOP) hayan publicado este miércoles el anuncio por el que se somete a información pública a efectos de expropiación los suelos afectados por la declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero.
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Montero ignora las sentencias judiciales
María Jesús Montero sigue confrontando con Gobierno andaluz y le reprocha no se haya sumado a esta iniciativa mediante el inicio de un proceso paralelo para hacerse con los terrenos y la parte del hotel que invade el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar de cara a "acelerar la demolición" del establecimiento hotelero. "La Junta está arrastrando los pies y en todo momento está buscando excusas", ha considerado.
Sin embargo cabe recordar que las sentencias que pesan sobre El Algarrobico, tras 20 años de litigios en los tribunales, exigen al ayuntamiento de Carboneras que anule la licencia de obras y declare e informe sobre la calificación de los terrenos como suelo protegido en sus planes urbanísticos.
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Esta fue la orden judicial pendiente de cumplir y la opción por la que apostó tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central, pero ahora los intereses de los socialistas es que Montero se pueda apuntar un tanto como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Demolición 'a trozos' del Algarrobico
En este contexto, la vicepresidenta Montero da la espalda a las decisiones judiciales para resolver este problema enquistado, así como las advertencias de la propia Junta y del Ayuntamiento de Carboneras, que alertan que el proceso de expropiación puede conllevar nuevos recursos judiciales y "eternizar" el derribo.
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Además, tampoco se puede demoler el hotel por partes, por lo que la acción unilateral del Gobierno demuestra que busca generar un titular favorable para la líder del PSOE andaluz en lugar de resolver el problema.
Y es que el Gobierno podrá expropiar sólo 16.432 metros cuadrados la superficie de su competencia afectada por la servidumbre de protección del litoral que debe estar libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es propiedad de la mercantil Azata del Sol.
La amenaza de posibles recursos a la expropiación
Finalizado el plazo de información pública, el Ejecutivo debe resolver sobre la necesidad de ocupación, previo informe preceptivo de la Abogacía del Estado. Cumplimentado dicho trámite y una vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, se debe iniciar la fase de determinación del justiprecio.
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El último de los anuncios publicados suscrito por el jefe del Servicio Provincial de Costas de Almería da cuenta del trámite de información pública para el proceso expropiatorio y da 15 días hábiles, a contar desde que el anuncio se publique en todos los medios establecidos, para que interesados y afectados presenten alegaciones.