El alcalde de Carboneras encara la anulación de la licencia de obras para demoler el Algarrobico
Recientemente el Ayuntamiento almeriense remitió al juzgado los informes para declarar "no urbanizables" los suelos del hotel ilegal y ahora acata otro de los requerimientos sobre la licencia.

Hotel ilegal del Algarrobico y el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Cs).
El ayuntamiento de Carboneras, en Almería, da pasos a favor para cumplir los requerimientos de la justicia y las sentencias para conseguir demoler el hotel ilegal del Algarrobico, ubicado en la playa de esta localidad dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Por fin, el alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha empezado a responder a los trámites que tiene que cumplir y que pasan por declarar los terrenos en los que se ubica esta salvajada urbanística como "no urbanizables" y protegidos, así como proceder a la anulación de la licencia de obras a la promotora del hotel Azata del Sol.
Este pasado lunes les avanzamos en ESdiario que el regidor de Carboneras remitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de varios avisos, dos documentos técnicos de actualización de su plan general de ordenación urbana (PGOU) con correcciones de cara a declarar los suelos del paraje de El Algarrobico y El Canillar, en los que se asienta el hotel de la promotora Azata del Sol, como "no urbanizables".

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Un paso clave que se une al que se ha conocido este jueves en el que Salvador Hernández ha solicitado a la secretaría municipal del Consistorio que emita un informe en el que se detalle el procedimiento a seguir para efectuar la revisión de oficio de la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003 para edificar el hotel de El Algarrobico y la legislación aplicable en base a dar cumplimiento a la sentencia que declaró nulo este permiso municipal.
Así lo ha trasladado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, que el pasado mes de marzo dio un mes de plazo al primer edil carbonero para que incoara el procedimiento encaminado, inicialmente, a la anulación de la licencia como paso previo para derruir el edificio.
El alcalde acelera los pasos para evitar multas
A través de su providencia de este 9 de abril, el regidor opta por contar con un informe de manera previa a dar inicio al expediente de forma directa, lo cual pone en conocimiento del alto tribunal andaluz, que le apercibió con multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros, o incluso deducir testimonio ante una eventual responsabilidad penal, en caso de no dar respuesta a su petición.
La Sala volvió a pedir la ejecución del fallo en diciembre de 2024, por la cual reclamaba el cumplimiento de la resolución de febrero por la que ya se dio un mes al anterior alcalde Felipe Cayuela para iniciar el expediente.
El objetivo es que se dé cumplimiento a la sentencia firme en la que se señala que la licencia presenta "vicios de nulidad", de modo que su anulación sería uno de los pasos necesarios para acometer la demolición del polémico inmueble y "devolver a su estado originario" el paraje, "que debió mantenerse inalterable", según concluyó el Tribunal Supremo (TS).
El Gobierno sigue la vía de expropiación a pesar de las novedades sobre el Algarrobico
En toda esta maraña de informes y requerimientos continúa también en marcha la vía de la expropiación de la mitad de los terrenos impulsada en solitario por el Gobierno, que ha recibido el apoyo ahora de grupos ecologistas como Greenpeace, que hasta ahora defendía el cumplimiento de las sentencias judiciales al igual que la Junta de Andalucía.

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Al respecto, Greenpeace sostiene que, pese al trámite de este pasado lunes, los suelos son aún "urbanizables" puesto que no se han cumplido "todos los trámites necesarios", al no haberse publicado la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ni haberse remitido el cambio a la Junta de Andalucía para su registro posterior.
Ahora habrá que esperar a que se realice la publicación oficial del cambio urbanístico en Carboneras y saber si se producen l alegaciones a la expropiación, cuyo plazo está abierto.