Las CCAA del PP acusan al Gobierno de un reparto “ilegal” de menores migrantes para “contentar” a Puigdemont

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han alzado la voz contra lo que consideran un “proceso ilegal” impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para el reparto de menores extranjeros no acompañados. Según denuncian, el Ejecutivo está actuando de manera “arbitraria y forzosa” con el único objetivo de “contentar a un prófugo de la justicia”, en referencia a Carles Puigdemont, líder de Junts.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha sido una de las voces más críticas antes de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia celebrada este lunes. Dávila ha acusado al Gobierno de haber convocado esta reunión “de forma ilegal” y ha señalado directamente a Puigdemont como el artífice de los criterios de reparto, que, según ella, están diseñados para beneficiar a Cataluña. “Es un traje a medida para un prófugo”, ha sentenciado.

Las críticas no se han quedado ahí. Dávila ha lamentado que el Ejecutivo haya aprobado un real decreto sin consultar a las comunidades autónomas, que son las que ostentan las competencias exclusivas para atender a estos menores. “Nos tratan como si los menores fueran paquetes asignados a dedo por Junts en colaboración con el Gobierno para dañar a las comunidades del PP”, ha reprochado, destacando que regiones como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana asumirán 2.000 de los 4.000 menores que se pretenden repartir.

Por su parte, la conselleira de Política Social e Igualdade de Galicia, Fabiola García, ha calificado la política migratoria del Gobierno como un “fracaso” y ha exigido volver a la “vía del consenso”. García ha denunciado que los criterios de reparto “están hechos para beneficiar claramente a Cataluña” y ha instado al Ejecutivo a abandonar la “imposición”. Desde Extremadura, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha reclamado un “consenso previo” y una “financiación justa” para abordar esta distribución, subrayando la disposición de su comunidad a ser solidaria, pero no bajo imposiciones.

La consejera de Inclusión Social de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha reiterado el compromiso de su región con la solidaridad, pero ha advertido que no aceptarán “imposiciones unilaterales” ni una “política desordenada”. “Queremos apoyar a Canarias, Ceuta y otras comunidades saturadas, pero siempre protegiendo a los niños y actuando dentro de los límites de nuestro sistema”, ha explicado.

Las comunidades del PP han recordado que ya han llevado el real decreto al Tribunal Constitucional, considerando que se trata de una medida “ilegal” que usa a los menores como “monedas de cambio” para mantener a Sánchez en el poder. Además, han exigido al Gobierno que justifique la urgencia de esta medida, ya que, según Dávila, “hace casi un mes que se convalidó el real decreto y no se ha convocado de forma ordinaria, como establece el reglamento”.

En este contexto, las comunidades populares han destacado que llevan un año y medio atendiendo a estos menores “en solitario” y han criticado que el Gobierno aún no haya respondido a más de 1.000 menores que, según una orden del Tribunal Supremo, debería atender. “No podemos consentir que se les trate como paquetes”, ha concluido Dávila, subrayando la necesidad de una atención digna para estos niños.