El Gobierno de Moreno sigue presionando para recuperar el dinero del caso ERE

El Gobierno andaluz que preside el 'popular' Juanma Moreno no piensa tirar la toalla y sigue en su intento de recuperar el dinero público, casi 700 millones de euros, que se dilapidó en el caso ERE. Al respecto, el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado este lunes una nueva personación de su Gobierno en el caso de corrupción de la etapa socialista, ante la posibilidad de que la Audiencia Provincial de Sevilla decida remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Desde Madrid, en declaraciones a los medios con motivo de su asistencia al Comité Ejecutivo del PP, Moreno ha expresado "máximo respeto" a la decisión que finalmente tome la Audiencia Provincial de Sevilla, que este lunes celebra su tercera jornada de deliberación para decidir si cuestiona ante la justicia europea la intervención del Tribunal Constitucional en la causa, anulando parcial o totalmente las condenas a diez implicados en el caso ERE, y ha anunciado que la Junta de Andalucía "se va a personar" en el caso, como parte perjudicada.

"Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el (Tribunal) Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy o de mañana", ha indicado.

Recuperar el 'botín' de los ERE

El objetivo de esa personación, según ha expresado Moreno, es "cumplir con la obligación que tiene la administración de la Junta de Andalucía de evitar cualquier menoscabo de fondos públicos". "Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía y, por tanto, nuestra labor es aclarar, denunciar y, sobre todo, tener toda la información y que esos 700 millones de euros vuelvan a las arcas públicas", ha recalcado.

Juanma Moreno ha explicado que el anterior gobierno andaluz del PSOE-A, cuando lo presidía Susana Díaz, decidió dejar la personación, una decisión que, en su opinión, no fue "correcta", de manera que su Ejecutivo va a volver a personarse.

Defensa del interés legítimo y obligación europea de recuperar fondos

Desde la Junta recuerdan que mantienen un interés legítimo en el caso, derivado de la acción civil que se reservó en 2016 cuando retiró su acusación penal. Este interés se ha demostrado también con la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas, en la que ya solicitaba responsabilidades patrimoniales. Ahora considera que debe ser “oída” y participar en el procedimiento, como establece el artículo 7 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

Además, sostienen que la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional invade competencias propias del poder judicial, lo que justificaría plenamente que un tribunal europeo se pronuncie al respecto.

Uno de los pilares jurídicos de la petición de la Junta es el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros —entre los que se incluye España y, por tanto, Andalucía como ente público— a ejercer todas las acciones necesarias para recuperar fondos públicos defraudados. A su vez, esta exigencia se apoya en la jurisprudencia consolidada del propio TJUE, que prioriza la protección de los intereses financieros de la Unión.

Por todo ello, la Junta de Andalucía presentará un escrito de alegaciones en favor de plantear la cuestión prejudicial y defenderá que la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre las leyes andaluzas de presupuestos entre 2002 y 2009 colisiona con la normativa y la doctrina comunitaria.