La Junta de Andalucía saca a subasta 27 propiedades sin uso, entre ellas, la residencia de Pradollano

El Gobierno andaluz sigue intentando vender aquellos inmuebles de su titularidad que se encuentran en desuso o abandonados y lanza un nuevo paquete de propiedades que saldrán a subasta pública. El objetivo es reducir los costes que supone mantener estos inmuebles o terrenos y al mismo tiempo aumentar los ingresos en las arcas de la Junta, como viene haciendo el Ejecutivo que preside Juanma Moreno desde que entró en la Junta. Y entre esas propiedades encontramos un edificio de lo más singular que sale a la venta: la residencia de tiempo libre de Pradollano, situada en el recinto invernal de Sierra Nevada.

La edificación, situada en el término municipal de Monachìl (Granada), es la segunda vez que sale a subasta, esta vez por un valor inicial de casi 6,5 millones de euros, y los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 18 de diciembre.

Esta subasta es la sexta que pone en marcha el Gobierno andaluz desde 2019 y parte con un precio de salida total de 22 millones de euros para los 27 inmuebles, solares, plazas de garaje y hasta un centro industrial repartidos por las ocho provincias andaluzas. 

Inmuebles y solares repartidos por toda Andalucía

Entre ellos, además de la residencia granadina, incluye propiedades y solares en las ocho provincias, donde destacan los edificios ubicados en la calle Álvarez de Castro de Almería, sin uso desde 2018; el antiguo IES 'Rosa Navarro' de Olula del Río (Almería), "abandonado desde 1997"; el sito en Villanueva del Arzobispo (Jaén), sin uso desde 2014; las plazas de garaje sitas en la calle Doctor Azpitarte de Jaén, desde 2011, o el conjunto industrial Eurocei de San Juan de Aznalfarache, desde 2013.

Otros no han tenido uso desde su adquisición y están en situación "semirruinosa", como solares de Guillena u Osuna, traspasados por el Estado en 1982 y 1984, o el solar de la Avenida de Madrid 78 de Jaén, traspasado en 2010.

Hasta 2019 no existía un inventario actualizado que detallara cuál era el patrimonio de todos los andaluces. Desde ese momento, se comenzó a identificar individualmente los bienes del patrimonio público y sacar a la luz aquellos que estaban sin uso o infrautilizados y sobre los que no existía ningún tipo de planificación o proyecto para el futuro (únicamente generaban un coste), permitiendo al Gobierno andaluz celebrar hasta cinco subastas de patrimonio público sin uso o infrautilizado, por el que obtuvo 138 millones de euros.