El Gobierno andaluz saca adelante deducciones fiscales por los temporales y la Ley de Patrimonio en solitario

La primera sesión del pleno del Parlamento andaluz ha servido para que el Gobierno del PP que preside Juanma Moreno saque adelante las medidas preparadas para contrarrestar los daños por la sucesión de borrascas que afrontó Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero, así como la Ley de Patrimonio Cultural, aunque con escaso apoyo de la oposición.

El PP-A, con mayoría absoluta en la Cámara, sólo ha recibido el respaldo de Vox en el caso de las deducciones fiscales previstas para los damnificados por los temporales, mientras que el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía se han abstenido. Con respecto a la nueva ley cultural el rechazo ha sido unánime de toda la oposición.

A pesar de la falta de apoyos, la consejera de Economía y portavoz de la Junta, Carolina España, ha defendido el Decreto-ley aprobado, que contiene medidas fiscales para paliar los efectos de las sucesivas borrascas vividas en la comunidad entre el 23 de enero y el 16 de febrero en el sector agrario y ganadero, infraestructuras hidráulicas y dominio público hidráulico.

La estimación que ha hecho la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social es que el número de beneficiarios será de unas 1.500 personas, mayoritariamente a través de las deducciones en el IRPF. Y es que la prioridad de estas medidas "es que las familias puedan volver a tener una vivienda digna sin que la factura fiscal autonómica se convierta en un obstáculo".

Deducciones para los afectados

Entre las medidas fiscales del decreto ley convalidado figuran deducciones en el IRPF y tipos de un 0% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD).

En el caso del Impuesto de la Renta se crea una deducción temporal nueva del 100% de los gastos de reparación de la vivienda dañada y cuyo límite es no sobrepasar la cuota autonómica del impuesto, de manera que si la cuota autonómica es igual o menor al gasto elegible, el contribuyente no pagará IRPF autonómico en 2026.

Esta deducción sólo es aplicable de tratarse de la vivienda habitual o alquilada a un tercero que sea en su caso el domicilio habitual. No contempla la adquisición de bienes muebles. Se permitirá deducir las cantidades satisfechas en la reparación de las viviendas no cubiertas por otras ayudas públicas o por las compañías de seguros.

Se amplía la deducción por compra de vivienda a las personas que han perdido la suya por las trombas de agua con independencia de la edad del adquirente o de la condición del inmueble, ya fuera protegido o no. En ese supuesto el comprador de una vivienda nueva podrá deducirse durante el ejercicio de 2026 el 6% de la inversión destinada a la adquisición de una vivienda, incluidos los gastos derivados de la misma.

Se extiende la deducción del 15%, con un límite de 1.200 euros, por alquiler de vivienda para jóvenes, mayores de 65 años y víctimas de violencia de género y terrorismo a todas las personas afectadas por la pérdida de su vivienda a causa de las riadas que se vean obligadas a alquilar otra.

Ninguna de estas deducciones excepcionales y temporales contempladas en el decreto ley se limitan por la renta de los contribuyentes.

También se aplicará un tipo del 0% para la adquisición de vehículos que sustituyan a otro dado de baja por los daños del tren de borrascas. En la modalidad de AJD se establecen tipos del 0% para inmuebles destinados a vivienda habitual y del 0,3% para los destinados a otro tipo de usos, como segunda residencia o actividad económica.

Una nueva ley para proteger el Patrimonio

Por otro lado, con respecto a la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, la consejera Patricia del Pozo ha defendido que "representa una reforma estratégica de la tutela del patrimonio cultural de la comunidad autónoma que garantiza el acceso a la cultura mediante la investigación y difusión de los bienes patrimoniales y vela por su adecuada protección".

Desde el Gobierno andaluz defienden que esta norma, que sustituye a la Ley 14/2007, ofrece "un marco jurídico más coherente, participativo y adaptado a los desafíos contemporáneos surgidos en el ámbito patrimonial". También refuerza "la regulación de la actividad inspectora", actualizar los "tipos de infracciones", modular los importes de las mismas y sus plazos de prescripción.