El fiscal extremeño rompe su silencio sobre el WhatsApp de David Sánchez y deja una inesperada declaración sobre Biedma

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha roto su silencio sobre el controvertido mensaje de WhatsApp que remitió a los fiscales de la comunidad autónoma para exigirles "mesura y lealtad" en medio de las informaciones sobre el caso David Sánchez y las presuntas maniobras contra la jueza Beatriz Biedma. 

El máximo responsable del Ministerio Público extremeño ha reconocido la autoría de aquella comunicación interna y ha denunciado públicamente su filtración, mientras mantiene su discrepancia con la sentencia que condenó al hermano del presidente del Gobierno.

Las declaraciones se han producido este jueves, 15 de octubre, en Badajoz, durante una atención a los medios de comunicación posterior a su reunión con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

La controversia comenzó cuando La Razón publicó el pasado 13 de octubre el contenido de un mensaje enviado por Montero Juanes a sus subordinados. En aquella comunicación, el fiscal superior reclamaba prudencia ante las informaciones periodísticas que cuestionaban la actuación del Ministerio Público en el procedimiento contra David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

"Os exijo prudencia", trasladó a los fiscales extremeños, a quienes también pidió lealtad institucional y colaboración con los compañeros afectados por la polémica.

El contenido de aquel mensaje adquirió especial relevancia porque se produjo mientras la Audiencia Nacional investiga las presuntas maniobras de la trama vinculada a Leire Díez para desacreditar a investigadores y responsables judiciales que intervenían en procedimientos relacionados con el entorno del PSOE.

Las palabras de Montero Juanes provocaron malestar entre algunos fiscales, que interpretaron su petición de lealtad como una presión sobre la posibilidad de expresar discrepancias acerca de la actuación de la institución.

Dos días después de conocerse aquella comunicación, el fiscal superior ha decidido pronunciarse públicamente. Sin embargo, sus reproches se han dirigido especialmente contra la persona que filtró el contenido del grupo de WhatsApp.

"Me parece lamentable y una deslealtad por parte de quien lo haya hecho", ha asegurado.

Montero Juanes ha explicado que el mensaje fue enviado a un grupo que consideraba privado y ha defendido que sus integrantes deben preservar la unidad institucional, incluso cuando existen discrepancias sobre las decisiones adoptadas por la Fiscalía.

En este sentido, ha recordado que los fiscales actúan en representación del Ministerio Público y están sometidos a unos principios de funcionamiento y a determinadas obligaciones profesionales.

"Si nosotros mismos somos desleales o hacemos la guerra por nuestra cuenta ofrecemos una imagen deteriorada de la institución", ha argumentado.

Sus explicaciones llegan en un momento especialmente delicado para la Fiscalía de Extremadura, que ha recurrido la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez, el expresidente socialista de la Diputación Miguel Ángel Gallardo y otros nueve condenados por prevaricación administrativa.

La resolución judicial impuso nueve años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez y dieciocho años a Gallardo por las irregularidades apreciadas en relación con la creación y posterior modificación del puesto de trabajo que terminó ocupando David Sánchez en la institución provincial.

Pese a las condenas, la Fiscalía ha mantenido desde el comienzo del procedimiento su petición de absolución. Tras conocerse el fallo, el Ministerio Público presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al considerar que determinados hechos no habían quedado suficientemente acreditados y que otros no reunían los requisitos necesarios para constituir un delito.

Montero Juanes ha dejado claro que la institución no piensa modificar esa posición. Aunque ha manifestado su respeto por la resolución judicial, también ha reconocido encontrarse en "profundo desacuerdo" con sus conclusiones.

Además, ha anunciado que, si el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma las condenas, la Fiscalía acudirá al Tribunal Supremo para intentar que se revise la resolución.

Esta decisión prolongaría el recorrido judicial de un procedimiento que ha situado bajo investigación las contrataciones realizadas en la Diputación de Badajoz y que ha adquirido una nueva dimensión a raíz de las revelaciones relacionadas con Leire Díez.

Precisamente, el mensaje de WhatsApp que ha desencadenado la controversia contenía referencias a las informaciones sobre las presuntas actuaciones de la trama investigada por la Audiencia Nacional.

En aquella comunicación, Montero Juanes negó que desde la Fiscalía General del Estado se hubieran impartido órdenes o instrucciones para condicionar la actuación de los fiscales en el caso David Sánchez o en el denominado caso Leire Díez.

También salió en defensa del fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, y de la fiscal Begoña García Boro, encargada del procedimiento contra el hermano del presidente del Gobierno.

El fiscal superior rechazó las informaciones que apuntaban a determinadas reuniones y ofrecimientos relacionados con la causa y aseguró que la actuación del Ministerio Público había respondido exclusivamente a criterios jurídicos.

Entre las circunstancias que rodean esta investigación figuran las anotaciones intervenidas en la agenda de Leire Díez, una de las cuales hacía referencia expresa a la Fiscalía de Badajoz. La documentación incluía indicaciones sobre la necesidad de tener en cuenta al fiscal de esta provincia y la posibilidad de que se designara a una persona en Badajoz.

Estas referencias forman parte del contexto que examina la investigación sobre las presuntas maniobras dirigidas contra procedimientos judiciales sensibles para el PSOE, entre ellos el que afectó al hermano del presidente.

La comparecencia de Montero Juanes ha coincidido, además, con las nuevas informaciones sobre la situación de Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó la causa contra David Sánchez.

La jueza cuenta con protección policial después de denunciar presuntas amenazas y actuaciones de hostigamiento contra ella y su familia.

Este mismo jueves ha trascendido que Biedma denunció ante la Policía Nacional un supuesto seguimiento en automóvil cuando regresaba a su domicilio tras declarar en la Audiencia Nacional.

La magistrada identificó como presunto responsable al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, investigado por su posible participación en las maniobras relacionadas con Leire Díez. El exjuez ha rechazado las acusaciones sobre su implicación en la presunta trama.

Preguntado por esta situación durante su comparecencia en Badajoz, el fiscal superior de Extremadura ha calificado de "absolutamente indignante" que una magistrada haya tenido que recibir protección policial por temor a sufrir represalias.

Montero Juanes ha considerado "lamentable y vergonzoso" que se haya llegado a este extremo y ha expresado su preocupación por las consecuencias personales y familiares que están teniendo las presuntas amenazas contra Biedma.

"Es absolutamente indignante que una profesional como la jueza Beatriz Biedma tenga que ser protegida porque tiene miedo y porque vea afectados sus bienes esenciales, como son su persona y su familia", ha declarado.

Las manifestaciones del fiscal superior se conocen apenas un día después de que el Consejo General del Poder Judicial no lograra aprobar una declaración institucional conjunta de respaldo a la jueza Biedma. Los nueve vocales progresistas rechazaron la propuesta impulsada por los diez vocales conservadores, lo que impidió que el órgano de gobierno de los jueces emitiera el pronunciamiento planteado.