Andalucía atendió a 24.435 víctimas en 2025: la mayoría mujeres y por violencia de género
El servicio público proporciona apoyo legal, social y psicológico desde la denuncia hasta la sentencia, con equipos especializados, coordinación institucional y nuevos recursos para responder a delitos digitales y agresiones sexuales

Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA)
El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, atendió durante 2025 a 24.435 personas a lo largo de todo el proceso judicial. Del total de usuarios, el 78% fueron mujeres y, de ellas, casi un tercio eran víctimas de violencia de género, lo que consolida el perfil mayoritario de atención de este servicio público.
Qué es el SAVA
El SAVA ofrece acompañamiento integral desde el momento de la denuncia hasta la celebración del juicio, gracias a equipos multidisciplinares formados por profesionales del ámbito jurídico, psicológico y social. Su labor incluye asistencia durante declaraciones, informes periciales y vistas judiciales, con el objetivo de evitar la revictimización y garantizar que las personas afectadas reciban apoyo especializado durante todas las fases del procedimiento.
El servicio cumple 27 años de funcionamiento en Andalucía y, en este tiempo, ha atendido a más de 241.000 personas. Su alcance se ha ampliado en los últimos años con la puesta en marcha de equipos itinerantes que facilitan la atención en el medio rural, evitando desplazamientos a capitales de provincia. Actualmente, el SAVA cuenta con 64 profesionales distribuidos en diferentes puntos de la comunidad.
Durante el último año se atendieron 19.130 mujeres y 2.608 hombres. Entre ellas, 7.912 eran víctimas de violencia de género, lo que representa el 32,38% del total. El servicio mantiene una coordinación estrecha con el Instituto Andaluz de la Mujer para garantizar la atención personalizada y el intercambio de información entre equipos especializados.
Los profesionales del SAVA también intervienen en casos de menores y personas con discapacidad intelectual, facilitando su participación en el proceso judicial mediante herramientas como las Salas Gesell o la figura del facilitador judicial. En 2025 se realizaron 129.979 actuaciones, de las cuales 28.081 fueron jurídicas, 16.174 sociales, 21.436 psicológicas y 64.288 de carácter general.