El yihadista que acabó con la vida de un sacristán en Algeciras acaba sin condena: el homicida, a un psiquiátrico

La Audiencia Nacional ha cerrado definitivamente uno de los hechos que más impacto ha tenido en España estos últimos años. La Sala de Apelación ha confirmado la absolución del hombre que acabó con la vida del sacristán Diego Valencia en el municipio de Algeciras el pasado 25 de enero de 2023. El tribunal ha determinado que se ha demostrado la exención total debido a una alteración psiquiátrica. El fallo confirma también su ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario por un periodo máximo de 30 años.

Este crimen afectó y mucho a la localidad andaluza, generando a su vez un gran impacto mediático. Aquella tarde el agresor, Yassin Kanjaa, irrumpió en varias iglesias del municipio armado con un machete, sembrando el pánico entre los feligreses. En primer lugar, atacó la parroquia de San Isidro y acto seguido la de Nuestra Señora de La Palma, donde asesinó al sacristán e hirió a varias personas, destacando a un sacerdote.

Dentro de ambas parroquias se vivieron auténticas escenas de terror, con personas huyendo y refugiándose donde buenamente podían. Durante muchos días, este suceso centró el debate público, debido a la posibilidad de que este homicidio fuese considerado como acto terrorista, algo que finalmente se ha descartado. Sin embargo, durante la investigación policial, se demostró que Kanjaa había pasado por un proceso de autorradicalización "exprés". 

En sus redes sociales se encontraron publicaciones con alabanzas al Estado Islámico y otros comentarios de carácter yihadista poco antes del ataque. Además durante el ataque irrumpió en las iglesias al grito de "Allahu Akbar" o "Alá es grande". De hecho él mismo afirmó ser un elegido de Alá durante su declaración tras lo ocurrido. También el hecho de que su objetivo fueran iglesias reforzaban esta hipótesis que finalmente fue descartada, pesando más el estado psiquiátrico del individuo.

En su resolución, los magistrados rechazaron los recursos que presentaron la Fiscalía y las acusaciones tanto particulares como populares de asociaciones de víctimas o colectivos jurídicos entre otros. El tribunal señaló que, en situaciones donde se emiten sentencias absolutorias, la capacidad de revisión que poseen es limitada, pudiéndose modificar los hechos en caso de existir un error evidente en la valoración de las pruebas.

Esta decisión judicial reabre el debate sobre la débil relación entre justicia penal y enfermedad mental. Por su parte, la familia de la víctima y varias acusaciones buscaban una condena firme por lo sucedido, pero la justicia mantiene la decisión de que el responsable de los hechos no era imputable en el momento que esto sucedió. El caso fue sin duda uno de los más sobrecogedores y de esta forma, queda cerrado en los tribunales, aunque sigue en la memoria de los ciudadanos de Algeciras.