Maíllo se cubre de gloria: plantea expropiar los hospitales privados en Andalucía

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, el ultraizquierdista Antonio Maíllo, ha situado una de las propuestas más controvertidas de la campaña electoral andaluza al afirmar que, si gobierna tras las elecciones del 17 de mayo, desarrollará una red pública que garantice el acceso universal a la sanidad incluso mediante la expropiación de hospitales privados “moleste a quien moleste”.

Maíllo defendió en Sevilla la necesidad de “recuperar la sanidad pública al 100%” y rechazó el actual modelo de conciertos con centros privados, asegurando que “no valen” para mejorar el sistema sanitario. En su opinión, la movilización convocada en defensa de la sanidad pública puede suponer “un momento de inflexión” y “el principio del fin de Moreno Bonilla”, al que acusa de haber “destrozado la sanidad pública”, en el discurso sobre el que cabalgan todos los partidos de izquierdas.

Una idea electoralista... e irrealizable

Más allá del impacto político del anuncio, la propuesta plantea importantes interrogantes desde el punto de vista económico y jurídico. La expropiación de empresas privadas está contemplada en la Constitución únicamente por razones justificadas de interés público y con la correspondiente indemnización, lo que implicaría un coste elevado para las arcas públicas. La eventual adquisición forzosa de hospitales privados obligaría a la administración autonómica a compensar a sus propietarios por el valor de instalaciones, tecnología, plantilla y actividad, lo que podría suponer miles de millones de euros de gasto público. Ése que, ya saben, dice la izquierda que no es de nadie.

El derecho administrativo señala que justificar la expropiación de centros sanitarios en funcionamiento podría generar un escenario de alta litigiosidad, al tratarse de empresas que operan legalmente y que prestan servicios dentro del marco regulatorio vigente.

En paralelo, el planteamiento de eliminar la colaboración público-privada supondría modificar el funcionamiento actual del sistema sanitario andaluz, que recurre a conciertos con centros privados para reforzar la capacidad asistencial en determinadas áreas y reducir listas de espera. Este modelo mixto se aplica también en otras comunidades autónomas y en diversos países europeos como mecanismo para complementar recursos públicos.

La propuesta de Maíllo introduce así un elemento de fuerte contenido electoralista, al plantear un giro profundo en la organización del sistema sanitario andaluz e intentar abrir el debate. Pero su viabilidad económica, jurídica y asistencial hacen imposible su ejecución.