Colapso en Almería por la regularización: una ONG cierra su sede tras una avalancha de más de mil inmigrantes
'Almería Acoge' ha cerrado su sede y suspendido la emisión de certificados de vulnerabilidad tras verse desbordada por la cantidad de solicitantes en un solo día, en un episodio que reabre las alertas por el colapso administrativo que ya venían denunciando distintos sectores.
Colas frente a la sede de Almería Acoge para obtener documentos en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
La regularización extraordinaria de inmigrantes empieza a mostrar sus primeras grietas y ha chocado en Almería con una imagen de saturación que alimenta las dudas sobre la capacidad real del sistema para absorber el proceso. Más de mil personas acudieron este martes a la sede de 'Almería Acoge' para tramitar su certificado de vulnerabilidad, una avalancha que ha obligado a la asociación a cerrar hasta nuevo aviso y paralizar su colaboración.
La situación desbordó por completo a la entidad, que apenas un día antes había conseguido tramitar 180 certificados. El salto de afluencia en solo 24 horas terminó por colapsar unas instalaciones incapaces de absorber la demanda. El director de la asociación, Juan Miralles, justificó la decisión por la “imposibilidad de atenderlas de forma digna”, además del impacto generado en la calle y en el vecindario por la concentración masiva de personas.
El episodio refuerza las advertencias lanzadas desde el inicio sobre el riesgo de saturación administrativa asociado al proceso. No solo por la presión sobre entidades colaboradoras, sino por la escasez de recursos habilitados. Según Miralles, Almería Acoge es el único recurso disponible para todo el Levante almeriense, desde Vélez-Rubio hasta Níjar. Desde la organización se ha criticado además la lentitud de los ayuntamientos para reaccionar y la falta de medios específicos para gestionar un trámite que, según denuncian, se ha convertido en un cuello de botella.
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La asociación ha reclamado ahora a las administraciones un espacio alternativo que permita retomar la actividad sin provocar nuevos problemas de convivencia en la zona y ampliar la capacidad de atención con voluntarios. Mientras tanto, el servicio queda suspendido y solo se intentará reubicar a unas cincuenta personas que ya tenían cita previa.
Lo ocurrido en Almería deja otra señal de alarma -ya han ocurrido varios episodios similares- sobre las dificultades operativas que puede acarrear el proceso si la presión se extiende a otros puntos. Un escenario de colapso administrativo que, lejos de ser una hipótesis, empieza a materializarse sobre el terreno.
