El caso ERE saca lo peor del PSOE en plena campaña: siete ex altos cargos de la Junta procesados por 54 millones en ayudas a Boliden

Al PSOE andaluz le estalla otro caso de corrupción desde los juzgados sevillanos justo cuando está a punto de arrancar la campaña electoral de cara al 17 de mayo. Una de las piezas del caso ERE avanza con siete ex altos cargos de la Junta procesados por los más de 54 millones de euros que entregaron en ayudas de manera irregular a la empresa Boliden Aripisa, la misma que causó el vertido tóxico de Aznalcóllar en 1998 y contaminó Doñana.

El juez instructor de la macrocausa de los ERE, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que ha acordado continuar como procedimiento como presuntos responsables penales contra el exconsejero, Manuel Recio, tres ex viceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la Agencia IDEA.

Esta pieza separada del caso de corrupción que asoló la Junta solo es una muestra más de los tratos de favor que se cocinaban durante la etapa socialista. Al respecto, el juez investiga la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Administración autonómica "de manera injusta y arbitraria" a la entidad Boliden Apirsa y su colectivo de extrabajadores por un importe de, al menos, 54.279.986 euros, resaltando una ayuda de 52.511.754 euros concedida para financiar los compromisos de concesión y pago de "ayudas sociolaborales" en favor de los extrabajadores afectados por el ERE 3/2001 de la empresa mediante la financiación de una póliza de seguro colectivo de rentas temporales suscrita por los sindicatos CCOO y UGT con Vitalicio Seguros.

De igual modo, el juez analiza en la resolución la ayuda por importe de 1.768.231 euros concedida para financiar un suplemento a la póliza anterior, suscrito para la contratación de rentas vitalicias adicionales a las rentas temporales pactadas en aquella.

Los ex dirigentes socialistas acusados de una ristra de delitos

Junto a las anteriores, el magistrado también resalta en el auto las ayudas concedidas y satisfechas por los responsables de la Consejería de Empleo y de Innovación en favor del colectivo de extrabajadores de Boliden Apirsa que, "una vez extinguida su relación laboral, se habrían acogido a sucesivos planes de recolocación -más bien, un sólo plan con sucesivas y distintas condiciones o negociaciones- eficazmente intermitentes, no siempre aceptados o cumplidos por los propios extrabajadores; quienes, finalmente, serían indemnizados por no haber sido "recolocados" con supuestas "ayudas sociolaborales excepcionales" en el curso de los años 2008 a 2011".

Ante estos hecho, el auto, notificado este miércoles a las partes y facilitado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado toma esta decisión "por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos" de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Dos exconsejeros se libran de la causa

Asimismo, el instructor ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández, consejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010, y Martín Soler, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa desde abril de 2009 hasta marzo de 2010, al entender que, respecto de ellos, "no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación --relevante penalmente-- en los hechos por los que se procede en la presente causa".

El juez ha admitido que "es cierto" que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y una testigo "relatan en sus respectivas declaraciones judiciales que el acuerdo entre los directivos de ambas consejerías en orden a cooperar en la ilícita financiación de esa línea de ayudas habría sido asumido por los sucesivos viceconsejeros" de dichas consejerías, "pero no constan manifestaciones concluyentes de que dicho acuerdo hubiera sido adoptado con el beneplácito de los respectivos consejeros".

"Por consiguiente, la implicación de los cargos y directivos superiores -los consejeros- en tales hechos delictivos no puede sostenerse en consideración a evidencias solventes, más allá de las sospechas de que, por su posición como responsables máximos de las respectivas consejerías, habrían tenido conocimiento de la irregular disposición de aquéllos fondos y de los acuerdos determinantes de tal ilícita actuación", indica el instructor.