El fraude en los cursos de formación saca el pasado del PSOE andaluz en plena renovación
Mientras los socialistas sacan pecho de su gestión en Andalucía, el juez Vilaplana continúa el proceso contra el exconsejero socialista de Empleo y otros investigados por prevaricación, malversación y fraude.

El exconsejero de Empleo Manuel Recio en la comisión de investigación de la Faffe.
En estos últimos días en los que el PSOE andaluz se encuentra en pleno proceso de renovación hemos podido escuchar, tanto al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, como a la candidata para relevarlo en el cargo, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, presumir del trabajo honesto y de avance para Andalucía cuando estuvieron al frente de la Junta casi cuatro décadas. Sin embargo, la realidad difiere mucho de las declaraciones de los socialistas, ya que quedan más de un centenar de piezas judiciales que investigan la corrupción que se llevó a cabo durante los gobiernos del PSOE, con varios casos abiertos como el de los ERE, la Faffe o los cursos de formación.
El juez José Ignacio Vilaplana está al frente de estas macrocausas en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla y este martes ha acordado continuar el procedimiento contra el exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía Manuel Recio y otros dos investigados, el ex rector de la Universidad de Cádiz (UCA) Diego Sales y Sebastián S.G., en una pieza separada del caso de los cursos de formación.

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La causa se centrada en la presunta ilicitud del otorgamiento, pago y justificación de 20,2 millones de euros para la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca), para cursos de formación a extrabajadores de Delphi, siendo no obstante "el objeto principal" de la subvención "la ficticia contratación laboral de los extrabajadores".
Una pieza que, de momento, evidencia las malas prácticas de los socialistas con el dinero público, ya que, en el auto fechado el día 9 de enero, el juez aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
Investigados por simular contrataciones
Los tres investigados contra los que se continúa el procedimiento son el exconsejero de Empleo Manuel Recio; el representante legal de Fueca, Sebastián S.G., y el presidente del Patronato de dicha fundación y rector de la Universidad de Cádiz a la fecha de los hechos, Diego Sales, según expone en el auto el juez instructor. Asimismo acuerda el sobreseimiento de la causa respecto de otros cuatro encausados, entre ellos el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández; y Juan Manuel Bouza, ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz; al considerar que "no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos investigados" en esta pieza separada.
El magistrado precisa que, en esta pieza separada de la causa se investigan los hechos vinculados con "la contratación simulada de los antiguos trabajadores de Delphi por unos cursos de formación que requerían su contratación y alta en la Seguridad Social sin que existiese una verdadera y real prestación de servicios en el seno de la correspondiente entidad formadora subvencionada, en este caso" Fueca. De esta forma, los contratos "sólo habrían de tener como objeto ofrecer una apariencia de relación laboral que justificase el correspondiente alta en la Seguridad Social y así facilitar a los antiguos trabajadores de Delphi incluidos en el denominado "Dispositivo de Tratamiento Singular" el periodo de carencia necesario para reunir los requisitos correspondientes como beneficiarios de prestaciones que, de otro modo, no les habrían correspondido".
Desvío de fondos públicos
Vilaplana recoge en su auto que también "podría haberse producido el desvío de los fondos públicos objeto de la subvención a través de subcontrataciones no autorizadas y otras irregularidades", el juez precisa que "el concierto delictivo se habría configurado en torno a la simulación de contrataciones con los exempleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta de Andalucía a través de Fueca", de modo que esta fundación "contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública; trabajadores que no realizarían un trabajo productivo por cuenta ajena".
Centrándose en el papel del exconsejero de Empleo Manuel Recio, el juez manifiesta que habría emitido la correspondiente resolución de concesión de la subvención excepcional "sin estudios y análisis previos, sin ni siquiera comprobar la legalidad de su concesión, y sin una previa comprobación o análisis (...) del correcto destino de las subvenciones precedentemente concedidas con el mismo objeto; haciendo así dejación de sus deberes elementales en el cargo". Además, añade el magistrado que la subvención fue concedida, "al margen de la más mínima forma de legalidad, con fecha 10 de mayo de 2011, aún cuando la práctica formativa había comenzado el 1 de marzo de 2011, casi dos meses y medio antes de estimarse la solicitud de concesión de la ayuda".