La Junta de Andalucía ayuda a los ayuntamientos a paliar los costes de la invasión del alga asiática

Una de las medidas que ha tomado este pasado miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va dirigida a aliviar el grave problema generado por el alga asiática invasora (Rugulopterix okamurae) en las costas andaluzas. En ESdiario hemos seguido muy de cerca esta amenaza ambiental que se extiende sin freno, con graves efectos ecológicos, en la pesca y sobre el turismo, debido a que se acumula de forma masiva en la orilla de las playas, siendo además muy desagradable su olor y presencia.

Para ayudar a los ayuntamientos costeros a afrontar los costes que supone la limpieza diaria de las playas para retirar toneladas de algas, el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A), ha aprobado declarar "de fuerza mayor y extrema necesidad" la situación generada para poder aplicar la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero. Con esta medida alivian la presión económica millonaria que soportan los municipios ante este fenómeno ambiental excepcional, ha indicado la Junta.

Esta alga, originaria del Pacífico, fue identificada por primera vez en 2016 en el entorno del Estrecho de Gibraltar, a partir de arribazones detectados en las costas de Ceuta. Desde entonces, la especie ha mostrado una capacidad de colonización "extraordinaria", expandiéndose rápidamente tanto hacia el este como hacia el oeste en ambos lados del Estrecho.

Su comportamiento invasivo se caracteriza por productividades y biomasas "desmesuradas y sin precedentes", superando ampliamente a las especies autóctonas y a otras alóctonas, hasta el punto de ocupar en la actualidad gran parte de las costas de Andalucía. Un panorama desolador para los pescadores, que sacan más algas que peces en sus redes, y para los turistas que se encuentran con una masa oscura y apestosa a la hora de darse un baño.

Una expansión descontrolada, de momento, imposible de erradicar

La expansión del alga está descontrolada y según los científicos al menos a medio plazo no es viable su erradicación ni la restauración de los ecosistemas a su estado previo, motivó su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en 2020 y su consideración como especie preocupante para la Unión Europea en 2022.

En estos momentos, la distribución de la Rugulopterix okamurae alcanza las cinco provincias costeras de Andalucía, como son Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería, siendo la presión "especialmente intensa" en Cádiz y en la parte occidental de Málaga, mientras que Huelva, pese a contar con fondos arenosos menos favorables, no es ajena a su expansión. Pero no es sólo Andalucía, porque ya ocupa buena parte de las costas portuguesas y también está presente en las costas del norte de España.

El problema en cifras

Si nos vamos a la zona más afectada del Estrecho de Gibraltar se estima, incluso en un cálculo conservador, una biomasa anual de alrededor de 100.000 toneladas de peso fresco, que alcanza distintos municipios costeros en función de los vientos.

Localidades como de Cádiz como Algeciras, Barbate, Conil, La Línea de la Concepción y Tarifa, así como Estepona y Marbella, en Málaga, soportan "una presión extraordinaria" derivada de la necesidad constante de retirada de esta biomasa, cuyo crecimiento es "incesante y descontrolado".

En lugares de Cadiz como Rota, el volumen transportado a vertedero se duplicó de 2022 a 2023, se triplicó en 2024 y se multiplicó por ocho en 2025; en Algeciras en 2024 se retiró tres veces más que en 2023 y cinco veces más en 2025; mientras que Tarifa ha llegado a gestionar más de 11.000 toneladas en un solo verano, cuadruplicando registros anteriores. Por su parte, en Marbella se han retirado "centenares de toneladas en un único día".

Ante esta situación, numerosos ayuntamientos han solicitado ayudas extraordinarias a las administraciones, reconociendo la insuficiencia de recursos municipales para afrontar los elevados costes asociados a la recogida, transporte y tratamiento de estos residuos. Ahora todos ellos celebran la medida de la Junta de Andalucía.

La única salida como biomasa

En la situación actual, la valorización de esta biomasa es muy limitada debido a su alto contenido en sales y arenas, su inestabilidad y la necesidad de inactivar los ejemplares retirados para evitar la continuidad de la invasión. El compostaje, como ha explicado la Junta, resulta "técnicamente complejo" y los usos industriales disponibles son todavía incipientes, por lo que la única opción viable actualmente es su gestión como residuo y su depósito en vertedero.

Esta gestión conlleva la aplicación del impuesto estatal de 30 euros por tonelada, establecido en la Ley 7/2022, lo que supone una carga económica muy significativa para las entidades locales.

No obstante, la propia ley contempla la exención del impuesto en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe, cuando la entrega de residuos sea ordenada por las autoridades.

De esta forma, se pretende evitar una penalización económica "injusta" a los municipios afectados, teniendo en cuenta la naturaleza "imprevisible e inevitable" del fenómeno, su carácter sobrevenido, la inexistencia de un sujeto responsable y la necesidad ineludible de actuar por razones de salud pública y protección ambiental, quedando establecida la finalización de esta declaración una vez superadas las circunstancias extraordinarias que la han motivado.