Las medidas del acuerdo entre PP y Vox minimizan la prioridad nacional con el baremo del "arraigo"

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha sido elegido presidente de la Junta y afronta su tercera legislatura de manera muy distinta a las dos anteriores. Tras las elecciones de 2018, el PP pactó con Ciudadanos y firmó un acuerdo con Vox, en los comicios de 2022 logró la mayoría absoluta y en esta tercera etapa el pacto de gobierno en con la formación que lidera Manuel Gavira /Vox) en Andalucía.

Esta vez al PP de Moreno le faltaban sólo dos escaños para la mayoría absoluta y ha tenido que ceder con Vox tanto en cargos como en medidas, siendo muy generoso. De este modo, el portavoz Manuel Gavira entra en el gobierno como vicepresidente de la Junta y asume la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. La misma cartera y cargo que asumió en 2019 el entonces líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha explicado Moreno este viernes en el programa 'Herrera en COPE'. Además, el PP cede un senador autonómico y una vicepresidencia en la Mesa del Parlamento.

Un acuerdo con una fuerte influencia de Vox en migración

Vox también ha conseguido a través de este pacto incluir buena parte de sus medidas políticas a la gestión de la Junta durante los próximos cuatro años. Las más polémicas, esas vinculadas a la "prioridad nacional" que se incorporan, aunque minimizadas con la aplicación del baremo del "arraigo" a la hora de acceder a las ayudas públicas. Así lo ha explicado el ya presidente de la Junta, que tomará posesión de su cargo este próximo domingo, sobre lo que ha señalado que el "arraigo" ya está contemplado en servicios de la administración como la dependencia, aunque a partir de ahora se endurecen en otras materias como vivienda.

Moreno ha defendido que el pacto cerrado con Vox para su investidura es "razonable, sensato y legal", a pesar de que la formación de Abascal ha conseguido ejercer una fuerte presión en materia de migración, ya que se recoge que Andalucía "no acogerá más menores extranjeros no acompañados". También se comprometen a oponerse "por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". "No participará --continúa el documento-- en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando plazas en los existentes, así como reduciendo el gasto en esta material al mínimo imprescindible".

El acuerdo recoge que se reservará una partida presupuestaria para realizar pruebas de edad con las que "evitar fraudes en la condiciones de menor y el colapso de los servicios". Al mismo tiempo se auditarán anualmente los gastos vinculados "a la inmigración masiva"; se suprimirán de manera íntegra las subvenciones de organizaciones no gubernamentales que "favorezcan la inmigración ilegal"; se endurecerá el régimen interno de los centros de menores; se prohibirá el uso del burka y el nicab en espacio públicos "antes de fin de 2026" y se creará un servicio de "verificación del fraude prestacional y del padrón de residencia efectiva" que, por ejemplo, tendrá un "papel activo" en el "desmantelamiento" de las "mafias" que están detrás, según el acuerdo, de los denominados 'pisos patera'.

Vox pone su sello en educación y medioambiente

En materia educativa, se pondrá "fin" al programa de lengua árabe y cultura marroquí en Andalucía y se muestra el rechazo "explícito" a "cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad". Además, se impulsará desde el curso 2027/2028 la concertación "progresiva" del Bachillerato.

Sobre medio ambiente también hay aspectos muy llamativos en el acuerdo de legislatura entre el PP y Vox, ya que chocan con la ideas que ha trasladado Moreno en los últimos años, defendiendo que sí existe cambio climático y la región es una de las más afectadas por ello. Sin embargo se incluye una revisión de la Ley de Cambio Climático y "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas, reorientando los recursos hacia la gestión del agua, la prevención de incendios, las infraestructuras agrarias, la innovación aplicada y la protección de las explotaciones andaluzas".

Desde el primer presupuesto, es decir, desde el de 2027, el Gobierno andaluz "procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva". Por último, en el punto 14 del acuerdo --leyes ideológicas--, el acuerdo explicita que los grupos parlamentarios de la coalición aprobarán una Ley de Concordia que "sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica".

PP y Vox pactan "menos impuestos para todos"

El 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' suscrito contempla un gran bloque sobre fiscalidad, con rebajas por importe de 325 millones de euros al año, lo que supone 1.300 millones en la legislatura. Se trata de diez medidas para conseguir "menos impuestos para todos", entre ellas la reducción del IRPF: En cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25% en los tramos de menos de 60.000 euros de la vigente tarifa autonómica, con la finalidad de acumular una reducción total de 1 punto porcentual en estos tramos al final de la misma.

Hay cinco medidas en el marco de un Plan de apoyo a la natalidad, como deducciones de la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento o adopción de hijos. La deducción será de 500 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo; de 1.000 euros por el nacimiento o adopción del segundo hijo, y de 1.500 euros por el nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos.

En cuanto al apoyo a las familias numerosas, se incrementarán en un 50% a lo largo de la legislatura las deducciones autonómicas por familia numerosa, elevando la cuantía desde los actuales 200 euros a 300 euros para las familias numerosas de categoría general, y de los actuales 400 a 600 euros para las familias numerosas de categoría especial, eliminando los topes de renta actualmente existentes para su aplicación.

También se contempla el apoyo fiscal a los gastos educativos: "Ampliar la deducción autonómica por gastos educativos, actualmente limitada a informática e idiomas, extendiéndola a nuevos conceptos como aula matinal, comedor, uniformes, material escolar, clases de refuerzo y demás gastos vinculados a la educación de los hijos, con los límites establecidos actualmente".

Se recoge además, para adquisición de gafas y lentes de contacto, la deducción de la cuota íntegra autonómica del IRPF del 15% de gastos por adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza para descendientes que den derecho a mínimo, con límite de 150 euros.

De otro lado, se contempla una nueva deducción fiscal a pacientes diagnosticados de ELA. Concretamente, la introducción en el tramo autonómico del IRPF de una deducción dirigida a los contribuyentes diagnosticados con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), así como a aquellos que tengan a su cargo cónyuge, ascendientes o descendientes afectados por esta patología que generen derecho a la aplicación del mínimo personal y familiar. La deducción sería fija de 2.000 euros por enfermo, sin límite de renta y compatible con la deducción por la percepción de ayudas públicas.

Por otro lado, se recoge en el acuerdo la supresión y revisión de tributos propios. Concretamente, se persigue suprimir los tres tributos propios en materia ambiental actualmente vigentes --impuestos sobre bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos a aguas litorales--, con el objetivo de "reducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas que soportan familias, empresas y autónomos". El plazo será, progresivamente, a partir del próximo presupuesto.

Otra medida es la reducción progresiva de tasas al sector primario: "Reducir progresivamente a la mitad todas las tasas autonómicas vinculadas a la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca", también progresivamente, a partir del próximo presupuesto.

En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se recoge la bonificación en caso de adquisición de vivienda habitual entre hermanos, como un primer paso para la ampliación de la bonificación del 50% al Grupo III de parentesco (colaterales de segundo y tercer grado, tíos y sobrinos), si la evolución de la recaudación del impuesto lo permite de acuerdo con las normas de sostenibilidad financiera. Esta medida fiscal se contempla para los próximos cuatro presupuestos.