La Fiscalía acorrala a las presuntas acosadoras de Sandra Peña en el aniversario de su muerte

La familia de la joven sevillana Sandra Peña ven una oportunidad judicial para buscar responsables por la muerte de su hija de 14 años, que se quitó la vida tras haber denunciado que sufría acoso por parte de un grupo de compañeras del colegio en el que estudiaba en la capital hispalense, Irlandesas de Loreto.

Justo cuando se cumple un año de su fallecimiento, este pasado 14 de octubre, la Fiscalía de Menores de Sevilla ha finalizado la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por, presuntamente, acosar a Sandra Peña y en su auto ha apreciado hasta dos posibles delitos tras analizar los hechos investigados.

El contenido del escrito de acusación es realmente demoledor sobre este caso de bullying, ya que el Ministerio Público considera, en esas conclusiones provisionales, que existen indicios de que ambas compañeras de clase podrían haber incurrido en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, "por el trato degradante dispensado a Sandra y las repercusiones que tuvieron en su salud mental".

La familia de Sandra Peña recibe un soplo de esperanza tras el varapalo judicial

Se abre así una puerta de esperanza para la familia de la joven sevillana que sigue luchando por que se haga justicia a pesar de que recientemente recibieron un varapalo judicial, al archivarse la querella interpuesta por los padres contra el centro educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante".

En el auto, la juez acordaba el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de la querella al considerar que el colegio y sus responsables "adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida", si bien remarcaba que las "personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería".

La familia de Sandra Peña viene remarcando la "multitud de errores" cometidos por el centro y pide "contundencia" a la Junta al estimar que el centro en el que se encontraba escolarizada la menor, "no abrió el protocolo" de actuación frente al acoso y "no protegió" a la joven, por lo que viene solicitando una respuesta "contundente y ejemplarizante" por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.