El Supremo obliga a UGT Andalucía a devolver otros 8,8 millones de subvenciones
El sindicato pierde su recurso contra el reintegro de ayudas para formar desempleados: la resolución rechaza cargar a fondos públicos mejoras salariales voluntarias y llega después de otro fallo por 18,3 millones adicionales.
El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, atiende a los medios
UGT Andalucía deberá reintegrar a la Junta 8.796.777 euros de subvenciones para la formación de desempleados, después de que el Tribunal Supremo haya rechazado su recurso de casación. La sentencia, fechada el 13 de octubre y conocida este viernes, confirma el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre los gastos salariales que pueden financiarse con estas ayudas, según Europa Press, que ha consultado la resolución.
La cantidad incluye más de 6,6 millones de principal y más de 2,1 millones de intereses de demora. El punto discutido es si las mejoras retributivas pactadas voluntariamente por encima de los mínimos legales o del convenio podían pagarse con la subvención. La respuesta judicial es negativa: esos incrementos corresponden a los recursos propios de la entidad beneficiaria.
La distinción tiene su importancia. El sindicato puede mejorar las condiciones de sus trabajadores; lo que no puede hacer, conforme al criterio aplicado en este procedimiento, es trasladar ese coste a unas ayudas finalistas. Defender mejores sueldos no convierte cualquier nómina en un gasto que deba asumir el contribuyente.
El marco general está en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones: los gastos deben responder de manera inequívoca a la actividad financiada y ser estrictamente necesarios. La norma también impide superar el valor de mercado, pero respetar ese límite no elimina los demás requisitos.
Este revés tiene un precedente inmediato. En otra sentencia, del 5 de octubre, el Supremo confirmó un reintegro de 18.319.183,71 euros, según informó EFE. Aquel importe comprendía 13,1 millones de principal y 5,2 millones de intereses. Son dos resoluciones que refuerzan el mismo límite a la utilización de los fondos para formación.