PP y Vox exigen a Sánchez seguridad y responsabilidades por la tragedia ferroviaria
Los dos grupos llevarán al Parlamento andaluz sendas iniciativas sobre Urda: el PP reclama revisar la red antes de recuperar los servicios y exige explicar los retrasos en la modernización de la señalización.
Guardia Civiles en el accidente ferroviario de Urda
El PP andaluz y Vox llevarán este jueves, 12 de noviembre, al Parlamento autonómico la exigencia de que el Gobierno de Pedro Sánchez garantice la seguridad ferroviaria entre Andalucía y Madrid. Sus proposiciones no de ley se debatirán de forma agrupada, con la conexión cerrada tras el accidente de Urda y las responsabilidades políticas de la gestión estatal en el centro de la discusión.
La iniciativa del PP reclama una auditoría técnica extraordinaria e independiente que examine infraestructuras, mantenimiento, sistemas de seguridad y protocolos de circulación. Pide publicar sus conclusiones y aprobar medidas correctoras con financiación, responsables identificados y plazos verificables. Dicho de otro modo: que las explicaciones puedan contrastarse y no terminen en otra promesa sin calendario.
Los populares también exigen asumir responsabilidades "al máximo nivel" y rechazan que el esclarecimiento quede limitado a posibles errores humanos individuales. Reclaman analizar las eventuales deficiencias de dirección, organización, tecnología y supervisión, sin anticipar las conclusiones de las investigaciones técnica y judicial.
La recuperación del servicio aparece vinculada a una condición concreta: comprobar objetivamente que reúne las garantías exigibles de seguridad. La propuesta pide información pública verificable para recuperar la confianza de los viajeros, además de revisar las infraestructuras estatales que atraviesan Andalucía.
Uno de sus puntos señala la renovación del sistema LZB y su sustitución por el europeo ERTMS. El antecedente está documentado: Adif Alta Velocidad anunció en septiembre de 2021 un contrato principal adjudicado a Thales por 93,8 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de 52 meses. Incluía proyecto, obras, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones de seguridad.
El PP quiere explicaciones documentadas sobre los retrasos y un calendario definitivo, "sin prejuzgar las causas del accidente investigado". Las proposiciones todavía deben debatirse y votarse: no constituyen decisiones ya adoptadas por el Parlamento.