Jornada clave del accidente de Adamuz: la jueza cita a Renfe e Iryo para descifrar las cajas negras

El descarrilamiento de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) en el mes de enero, con 46 víctimas mortales, da nuevos pasos para su esclarecimiento en una jornada clave en el Juzgado de Montoro. La jueza que investiga la causa del siniestro ferroviario ha citado para este jueves a técnicos de Iryo y Renfe, así como de otras empresas y los peritos judiciales, para la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación en sede judicial de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes, las cajas negras.

Según recoge la providencia, se ha pedido al departamento de Informática que los técnicos dispongan de los medios necesarios solicitados por la empresa fabricante de los equipos, Hasler Rail, para la práctica de la diligencia. Además, deberá presentar un informe técnico "descriptivo de las actuaciones realizadas durante la práctica de la diligencia y de los resultados obtenidos en el ámbito de sus competencias --asistencia en la carga y visualización de los registros, identificación y explicación técnica de las señales, configuración de vistas gráficas y cronología, comprobaciones propias del sistema de registro que resulten necesarias, etc.--".

También exige la jueza al resto de técnicos convocados, excepto a los peritos judiciales, que su informe "deberá de alcanzar la interpretación del comportamiento global de cada tren, correlación funcional de sus distintos subsistemas, determinación de posibles causas y factores contribuyentes del accidente y demás extremos que puedan plantearse durante la práctica de la diligencia que recaigan en el ámbito de sus competencias de interpretación", según ha expuesto en una providencia del día 6 de noviembre.

El contenido de las cajas negras ocho meses después de su apertura

Cabe recordar que las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el día 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el día 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las mismas, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.

Así, la jueza autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique "la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés". El proceso de volcado, extracción y análisis se realizó en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta del procedimiento, "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos", conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial.

Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa.

La Junta de Andalucía facilita la investigación

A mediados de mayo, la jueza libró oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, a fin de que, "con carácter urgente", por el órgano administrativo competente se adoptaran las medidas necesarias para facilitar a este órgano judicial, "a la mayor brevedad posible", acceder a aplicaciones informáticas y contar con personal de la empresa fabricante para descifrar las cajas negras de los dos trenes.

En una providencia, la jueza tomó esta decisión ante "el estado de las actuaciones", de modo que pidió el acceso a las aplicaciones informáticas --'softwares'-- denominadas Multirec-SG y Husler-SG de los registradores jurídicos del tren Iryo y del Alvia, de cuyas licencias de instalación y uso es propietaria Hasler Rail, así como "personal de la empresa fabricante que permita el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos, todo ello por estimarse necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción".

A principios de junio, la Junta de Andalucía resolvió aprobar por un total de 1.980 euros más IVA el coste de la práctica de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, de cara a tener los medios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes.