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La Casa de Alba no se libra del caso de los pozos de agua en su finca de Aznalcázar

Después de archivar la causa que investigaba ocho pozos supuestamente no autorizados, ahora el juez vuelve a la carga por un posible delito de desobediencia.

Imagen de uno de los pozos precintados en la finca Aljóbar en Sevilla de la Casa de Alba. 

Imagen de uno de los pozos precintados en la finca Aljóbar en Sevilla de la Casa de Alba. CHG

Manuela Herreros
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La gestión de la finca Aljóbar, con un extenso cultivo de naranjos, de la que es titular la Casa de Alba en el municipio sevillano de Aznalcázar le seguirá dando quebraderos de cabeza a la familia de aristócratas, porque el juez que investigaba la causa de ocho pozos de agua supuestamente no autorizados vuelve a la carga.

Y es que, hay novedades en el juzgado Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) donde el titular ha planteado abrir un posible procedimiento separado al identificar que estos pozos se encontraban desprecintados "haciendo presunto caso omiso" a una resolución judicial anterior en la finca de los Alba.

Cabe recordar que hace algo más de un mes el juez acordaba el archivo provisional de la investigación, al considerar que con los informes técnicos recabados no podía concluirse que las extracciones realizadas en esta finca, gestionada por la sociedad Eurotecnia Agraria, "hayan supuesto o podido suponer un peligro para el acuífero o su hábitat". En la causa constaba en calidad de investigado el representante legal de esta entidad, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.

Pero el asunto parece que no se queda aquí y ahora el juez quiere abrir otro procedimiento basado en el atestado del Equipo Seprona de la Guardia Civil, fechado en el 9 de octubre de 2026, en el que consta el "desprecinto de los pozos". En este informe se informa y documenta gráficamente, según el magistrado, que esos pozos "precintados judicialmente por resolución del 31 de enero de 2025, se encontraban en funcionamiento, haciendo caso omiso presuntamente a lo acordado en esta última resolución judicial".

Por ello, ha acordado deducir testimonio de las actuaciones por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial o quebrantamiento de la medida cautelar.

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