El Juzgado pide un informe detallado de los daños ecológicos de los pozos no autorizados de los Alba

El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha dado un nuevo paso en la investigación que mantiene abierta contra el nieto mayor de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que declaró la semana pasada como investigado. Ahora el juez ha ordenado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) informe sobre varios aspectos relacionados con los nueve pozos supuestamente no autorizados de la finca Aljóbar, situada en el entorno de Doñana, concretamente dentro del término municipal de Aznalcázar, y gestionada por la empresa Eurotecnia Agraria, de la que Martínez de Irujo es representante legal.

El magistrado pide un informe detallado "con el fin de concretar si las extracciones objeto de estos autos pudieran haber causado daños sustanciales al medio ambiente, se acuerda librar oficio a la CHG al objeto de que, en el plazo prudencial de 15 días, informe sobre la caracterización de la masa de agua subterránea afectada por las extracciones realizadas por los pozos no legalizados sitos en la finca Aljóbar, su funcionamiento hidrológico, balance hídrico, estado actual de esa masa de agua, tendencia piezométrica observada y su interpretación", figura en una providencia del juzgado de fecha 21 de febrero, que pide a la CHG hasta seis cuestiones. 

Se complica el caso para el duque de Aliaga, porque el organismo que tiene que emitir el informe, CHG, es el mismo que presentó una denuncia en 2023 por los pozos 'ilegales'. Además, el juez pide que en el informe se determine el "impacto producido o que hayan podido producir, en todas estas masas de agua y ecosistemas las extracciones de metros cúbicos de agua realizadas por los pozos no legalizados en ese acuífero", "las posibles irregularidades que se hayan podido detectar" y una "valoración del impacto medioambiental en ese acuífero y resto de ecosistemas asociados o al Dominio Público Hidráulico y, en su caso, el daño ambiental y su cuantificación económica". En definitiva, el juez quiere comprobar si ha habido daños en el acuífero o masas de agua de las que se alimenta el Parque Nacional de Doñana.

La declaración del nieto de los Alba

Cabe recordar que recientemente, en sede judicial, Luis Martínez de Irujo contestó al juez instructor que en 2016 heredó la finca de naranjos de su abuela justo cuando estaba finalizando la construcción de la gran balsa de agua con la que cuenta este espacio y que aunque figure como representante legal de la empresa que explota los terrenos, no se encarga de la gestión directa de la finca.

Según las fuentes, Luis Martínez de Irujo habría reconocido que la finca carecía de medidores volumétricos del agua usada y que desconocía que hubiese incidencias con la gestión del agua. Fue a raíz de la denuncia de la CHG de 2023, según habría indicado, cuando comenzó la labor de regulación de los mencionados pozos, al no ser consciente antes de la situación.