Toledo, fuera del reparto: Velázquez acusa al Gobierno de castigar políticamente a la capital

El alcalde de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, volvió este domingo a cargar contra el Gobierno de España tras la exclusión de la ciudad del programa de fondos europeos EDIL, una decisión que calificó de «arbitraria» y «profundamente injusta». Según denunció, Toledo es la única ciudad castellano-manchega con más de 75.000 habitantes que no recibirá ni un euro de esta convocatoria, a pesar de haber presentado —según afirmó— «proyectos serios y bien fundamentados».

Acompañado por la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, y la secretaria general del partido en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, Velázquez acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar «sin criterios técnicos y con motivaciones políticas». En su opinión, la decisión refleja «una falta total de compromiso con la capital regional», que vuelve a quedar —dijo— «castigada por el Gobierno central cada vez que de él depende una inversión».

No es la primera vez

El alcalde fue más allá al señalar directamente a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, a quien atribuyó una «mano negra» contra la ciudad. «No es la primera vez que Toledo paga las consecuencias de decisiones que no responden al interés general», insistió, recordando los conflictos por el cuartel de la Guardia Civil, las terrazas de La Peraleda o las obras del tercer carril.

Velázquez adelantó que el Ayuntamiento ha exigido por escrito conocer los criterios de valoración y las puntuaciones aplicadas en el reparto. «Queremos transparencia. Hasta ahora solo hemos recibido silencio y eso alimenta la sospecha de que el reparto se ha hecho a dedo», afirmó con dureza.

Los proyectos excluidos —entre ellos el pabellón multiusos, la rehabilitación del Circo Romano y la humanización de varios barrios— representan, según el regidor, «necesidades reales de los toledanos» y no simples aspiraciones políticas. «Si se dejan fuera actuaciones prioritarias sin una explicación convincente, la única lectura posible es que Toledo ha sido discriminada», sentenció.

La intervención de Carmen Fúnez añadió más leña al fuego político. La dirigente popular vinculó la gestión de los fondos y la falta de explicaciones con la «opacidad» del Gobierno en otros ámbitos, reclamando a Pedro Sánchez «tickets y resguardos» que prueben que no existía una caja B en el PSOE. Además, pidió su dimisión y la convocatoria de elecciones «para que los españoles puedan hablar».

Fúnez también aprovechó para recordar que, un año después de la aprobación de la Ley ELA, el Ejecutivo sigue sin dotarla presupuestariamente. «Los enfermos de ELA siguen esperando mientras el Gobierno se entretiene en justificar sus escándalos», criticó.

En conjunto, las declaraciones del PP dibujan un discurso de confrontación total con el Gobierno central, con Toledo como ejemplo de lo que los populares consideran un patrón de exclusiones políticas. Mientras tanto, el Ministerio competente guarda silencio sobre los criterios técnicos del reparto, alimentando una polémica que, lejos de apagarse, promete marcar el debate político regional en las próximas semanas.