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Paco Núñez planta cara al modelo de Sánchez y tiende la mano a un Page que responde con silencio y acatando órdenes de Moncloa

El presidente del PP de Castilla-La Mancha propone una resolución para rechazar el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Sánchez. Núñez apeló directamente a Emiliano García-Page para alcanzar un acuerdo en defensa de la región, pero el PSOE volvió a imponer su mayoría y Page evitó responder personalmente.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.Juanma Jiménez / Europa Press

Alejandro Ibáñez
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El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha utilizado el Pleno de las Cortes de este jueves para ponerse de nuevo al frente de la defensa de los intereses de la región frente al nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante el pleno de las Cortes regionales, el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, presentó una propuesta clara y firme para rechazar un sistema que, según denuncia, “rompe la igualdad entre españoles, castiga a comunidades como Castilla-La Mancha y consolida privilegios territoriales”.

La iniciativa del PP fue rechazada por el PSOE haciendo uso de su mayoría parlamentaria a pesar de que Page ha mostrado su rechazo directo al modelo pactado con los independentistas catalanes. Una decisión que desde el Grupo Popular calificaron como “un nuevo ejemplo del rodillo socialista al servicio de Moncloa”. A pesar de la gravedad del asunto para la Comunidad, el presidente regional evitó intervenir directamente en el debate y no respondió al llamamiento público de Núñez para alcanzar un acuerdo en favor de los castellano-manchegos.

Un modelo regresivo que perjudica a Castilla-La Mancha

El nuevo sistema planteado por el Ministerio de Hacienda pretende reformar el modelo vigente a partir de 2027 introduciendo cambios en el reparto de recursos y ampliando la cesión de impuestos como el IRPF y el IVA. Sin embargo, el PP alertó de que esta propuesta incorpora criterios como la denominada “población ajustada” y el principio de ordinalidad, que pueden provocar que comunidades con mayor renta per cápita reciban más financiación que otras con mayores necesidades objetivas.

Según denuncia el Grupo Popular, este planteamiento rompe los principios constitucionales de solidaridad, igualdad y cohesión territorial, pilares básicos del Estado autonómico y del propio Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. “Estamos ante un modelo diseñado para contentar a socios independentistas y garantizar apoyos parlamentarios, no para garantizar servicios públicos de calidad en regiones como la nuestra”, advirtieron fuentes del PP.

Uno de los aspectos más criticados por el PP es el carácter bilateral del nuevo modelo, negociado fuera de los órganos multilaterales previstos por la ley. En este sentido, Núñez denunció que el Gobierno de Sánchez ha marginado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde deberían estar representadas todas las comunidades en igualdad de condiciones.

“El futuro de Castilla-La Mancha no puede decidirse en despachos cerrados ni en pactos opacos con una sola región”, subrayó el líder popular, alertando del riesgo de consolidar privilegios territoriales que perjudiquen de forma directa a comunidades del interior.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en las Cortes de Castilla-La Mancha.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en las Cortes de Castilla-La Mancha.Juanma Jiménez / Europa Press

Llamamiento directo a Page para un acuerdo regional

Durante su intervención, Paco Núñez tendió la mano al presidente regional para construir una posición común en defensa de Castilla-La Mancha. El líder del PP apeló a la responsabilidad institucional y pidió a Page que anteponga los intereses de la región a las directrices de Ferraz.

Sin embargo, Page evitó responder personalmente al ofrecimiento y el PSOE optó por votar en contra de la resolución, alineándose con la estrategia del Gobierno central. Desde el PP lamentaron esta actitud y denunciaron que “el silencio de Page es una forma de complicidad con un modelo que perjudica directamente a los castellanomanchegos”.

La resolución presentada por el Grupo Popular instaba al Gobierno regional a rechazar formalmente el nuevo modelo y a utilizar todas las vías jurídicas disponibles para impugnarlo en caso de aprobarse. Asimismo, reclamaba a los diputados y senadores de Castilla-La Mancha que voten en contra en el Congreso y el Senado y promuevan iniciativas parlamentarias para frenar su aplicación.

“El PP ha sido el único partido que ha defendido con claridad una financiación justa para garantizar sanidad, educación y servicios sociales en igualdad de condiciones”, señalaron desde el grupo parlamentario.

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