García-Page afronta el nuevo curso con los profesores en pie de guerra: movilizaciones contra la Junta
En Castilla-La Mancha, los sindicatos han puesto en cuestión la gestión educativa del Gobierno de García-Page y anuncian movilizaciones ante unas condiciones que consideran insuficientes
(Foto de ARCHIVO) El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura en la ciudad de Albacete, la primera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria Nº 34 16/1/2026
El curso escolar 2026-2027 arrancará en España con más de ocho millones de alumnos y con una parte del profesorado dispuesto a volver a salir a la calle. Madrid será la primera comunidad en abrir las aulas, el 7 de septiembre, mientras que en buena parte del país el inicio se producirá el día 8 o en jornadas posteriores.
Entre las comunidades donde el nuevo curso llega acompañado de un clima reivindicativo se encuentra Castilla-La Mancha, donde la gestión educativa del Gobierno de Emiliano García-Page ha recibido duras críticas sindicales.
Castilla-La Mancha
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Sandra Sánchez
El STE-CLM puso el pasado mes de junio un suspenso a la Administración educativa regional al hacer balance del curso 2025-2026 y anunció movilizaciones para el próximo curso si el Ejecutivo autonómico no atiende sus demandas. El sindicato denunció que la educación pública regional terminaba el curso "sin recuperar los derechos perdidos" y con problemas estructurales que, a su juicio, continúan agravándose.
En la misma línea, CSIF ha advertido de posibles acciones de presión en septiembre, incluidos paros parciales, concentraciones e incluso una huelga. El sindicato sostiene que los docentes castellanomanchegos mantienen unas condiciones laborales "claramente inferiores" a las de otras comunidades y acusa a la Consejería de Educación de mantener recortes instaurados en 2011.
La situación contrasta con el mensaje que lanza el Gobierno de Page. La Junta ha aprobado para el próximo curso una plantilla de 34.539 docentes, 876 más que el curso anterior, de los que 770 corresponden al cupo ordinario y otros 106 son nuevas incorporaciones destinadas a planes y programas educativos. El Ejecutivo autonómico asegura que estas incorporaciones permitirán avanzar en la reducción de horas lectivas, aumentar los apoyos y reforzar la orientación y la inclusión educativa.
Pero los sindicatos no dan por cerrada la cuestión. UGT también ha reclamado una nueva etapa de negociación con el Gobierno regional para abordar asuntos como la inclusión, la convivencia, la salud laboral, la adaptación al cambio climático y la estabilidad del empleo docente.
Un curso marcado por las protestas
El conflicto se produce mientras sigue pendiente la tramitación de la normativa estatal que pretende reducir las ratios y la jornada lectiva de los docentes. El proyecto contempla un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en Secundaria, además de topes de 23 y 18 horas lectivas, respectivamente.
Su aprobación, sin embargo, deberá superar el trámite parlamentario en un escenario especialmente complejo por el calendario electoral. Los sindicatos recuerdan además la promesa del Gobierno de Pedro Sánchez de hacer de esta la "legislatura del profesorado".