Castilla y León garantiza el futuro del 'Plan Corresponsables' pese al tijeretazo de Pedro Sánchez
La Junta que encabeza Alfonso Fernández Mañueco, en concreto la vicepresidenta Isabel Blanco, denuncia la imposición del Ministerio de Igualdad, que exige ahora cofinanciación autonómica para acceder a los fondos. De esta manera se prioriza a las familias pese a la reducción presupuestaria del Ejecutivo de Sánchez.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.
Castilla y León no abandonará a sus familias. La Junta ha anunciado que aportará 3,8 millones de euros adicionales para mantener la dotación completa del 'Plan Corresponsables' tras el recorte aplicado por el Gobierno central. De esta forma, la Comunidad Autónoma seguirá contando con los 15,4 millones de euros inicialmente previstos para este programa, que promueve la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos.
La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha sido tajante al calificar como "imposición" la nueva exigencia del Ministerio de Igualdad: para acceder a la financiación estatal, ahora las comunidades deben cofinanciar al menos el 25% del programa. Esto supone, en la práctica, una reducción de más de 3,8 millones por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha rebajado su aportación de 15,4 a 11,6 millones.
"Es otro recorte más del Gobierno en materia de igualdad", ha denunciado Blanco, quien ha lamentado la falta de diálogo y la ruptura de la cogobernanza entre administraciones. Hasta ahora, Castilla y León venía recibiendo su parte del programa sin condiciones adicionales. "Nos imponen una carga económica sin previo aviso", ha asegurado.
Durante la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este jueves, Castilla y León optó por abstenerse en la votación del nuevo criterio de reparto, rechazando tanto las formas como el fondo de la decisión del Ministerio. No obstante, la Junta ha dejado claro que no permitirá que las familias de la Comunidad resulten perjudicadas.
Con esta decisión, el Gobierno autonómico vuelve a demostrar su firme compromiso con la igualdad real, la conciliación familiar y laboral, y el respaldo a las políticas sociales, frente a un Gobierno central que, pese a sus promesas, recorta la financiación de programas fundamentales para los ciudadanos.

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