La Junta de Castilla y León clama contra el cierre de la Azucarera de La Bañeza y exige alternativas al ERE
Alfonso Fernández Mañueco reclama a Azucarera que mantenga abierta la planta de La Bañeza y busque actividades industriales paralelas para evitar los 251 despidos, mientras critica las políticas del Gobierno de Sánchez que asfixian al sector remolachero.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado a Azucarera a reconsiderar el cierre de su planta en La Bañeza (León) y a explorar actividades industriales alternativas para mitigar el impacto del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 251 trabajadores, el 26,6% de su plantilla.
En una reunión en Madrid con el consejero delegado de la empresa, Juan Luis Rivero, y otros directivos, la Junta expresó su rechazo frontal al cierre de una fábrica que considera rentable y vital para la economía leonesa. Fernández Mañueco propuso convertir el ERE en un ERTE temporal y pidió a Azucarera que garantice la actividad del sector remolachero, incluyendo el compromiso de la empresa de asumir el sobrecoste del traslado de remolacha a la planta de Toro (Zamora). La multinacional, propiedad de Associated British Foods, se comprometió a estudiar estas alternativas, aunque sin plazos concretos.
La decisión de Azucarera de concentrar la producción en Toro y cerrar las plantas de La Bañeza y Miranda de Ebro (Burgos) ha desatado una ola de indignación en Castilla y León, con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) exigiendo la devolución de las ayudas públicas recibidas por la empresa.
Fernández Mañueco criticó las “campañas hostiles” del Gobierno de Pedro Sánchez, que, a su juicio, agravan la crisis del sector azucarero con políticas que asfixian a los agricultores y las industrias locales. La Diputación de León, en una declaración institucional unánime, también ha defendido la continuidad de la planta de La Bañeza, subrayando su importancia para el empleo y el tejido económico de la región.
La Junta trasladará su postura al Ministerio de Trabajo y Economía Social, exigiendo medidas que prioricen a los trabajadores y agricultores frente a lo que califican como una reestructuración “injusta y perjudicial” para Castilla y León, mientras la presión crece para evitar un nuevo golpe al sector primario.
