Castilla y León denuncia un reparto "arbitrario" de menores: "Nos exigen un 300% más y a Cataluña sólo un 5%"

La Junta de Castilla y León ha vuelto a levantar la voz contra el Gobierno central por lo que considera un reparto “injusto y arbitrario” de menores migrantes no acompañados. El portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha denunciado que el plan del Ejecutivo obliga a la Comunidad a multiplicar por tres su red de acogida, mientras que otras regiones como Cataluña apenas verán incrementado su esfuerzo en un 5%.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha lamentado que el Ministerio utilice “criterios variables” que favorecen a unas comunidades en detrimento de otras, movido más por intereses políticos que por la situación real de cada territorio. “Se está utilizando la inmigración como herramienta para contentar a socios separatistas”, reprochó.

Actualmente, Castilla y León dispone de 130 plazas específicas para la atención de menores migrantes, aunque acoge a 178 gracias a un refuerzo con plazas no específicas. El pico más alto registrado el año pasado fue de 198 menores.

A pesar de haber remitido al Ejecutivo todos los datos requeridos sobre su capacidad, la Junta denuncia que el reparto se ha diseñado sin transparencia ni equidad. “El Gobierno escoge los datos que más le convienen para cada comunidad”, explicó Carriedo, lo que provoca “desigualdades flagrantes” entre regiones.

Según el portavoz, este desequilibrio se repite en otras decisiones del Ejecutivo, como el reparto del impuesto a la banca, donde —según señaló— se favorece a las comunidades con mayor PIB. “Cuando se trata de afrontar un problema de Estado, a nosotros nos toca el 300%, y a los partidos separatistas sólo un 5%, gracias a los pactos con el Gobierno”, ha reprochado.

Carriedo ha insistido en que la política migratoria no debe usarse “como moneda de cambio” en acuerdos políticos, sino que debe regirse por criterios de igualdad, solidaridad y respeto hacia los menores.

El consejero subrayó además que Castilla y León ha mostrado siempre lealtad institucional y voluntad de colaboración, cumpliendo los compromisos acordados en el marco de la Conferencia Sectorial. “Hemos aportado toda la información solicitada y cumpliremos lo acordado, garantizando una atención digna a estos menores”, ha afirmado.

Para concluir, ha recordado que la posición oficial de la Junta en materia de inmigración la marca la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y reivindicó el carácter acogedor de la comunidad. “Castilla y León es una tierra solidaria, pero no puede ser tratada como una pieza más del juego político del Gobierno”, sentenció.