El Consejo Consultivo alerta sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido un dictamen que advierte sobre la posible inconstitucionalidad de cinco aspectos clave de la Ley 1/2025 de Publicidad Institucional, aprobada por las Cortes autonómicas. La norma, que excluye a medios condenados en sentencia firme de contratar publicidad institucional y limita al 33% los ingresos que un medio puede obtener por este concepto, entra en conflicto con la legislación estatal básica y principios constitucionales. Según el informe, estas medidas no solo invaden competencias exclusivas del Estado, sino que también introducen criterios arbitrarios y discriminatorios que podrían derivar en la nulidad jurídica de la ley.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, respaldó las advertencias del dictamen, que confirman las dudas planteadas por la Junta desde la entrada en vigor de la norma. La exclusión de medios condenados, núcleo central de la ley, carece de respaldo en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley estatal de Publicidad, mientras que el límite del 33% de ingresos vulnera la libre concurrencia y el principio de igualdad, afectando especialmente a medios locales o de menor tamaño. Además, la ley introduce regulaciones laborales, como la subrogación de trabajadores de televisiones autonómicas, que contradicen el Estatuto de los Trabajadores, generando inseguridad jurídica para empresas y empleados.

A pesar de las irregularidades señaladas, el Consejo Consultivo indica que la ley es de obligado cumplimiento para la Junta hasta que sea impugnada judicialmente por las empresas afectadas. El dictamen subraya la necesidad de recurrir a los tribunales para garantizar el respeto al ordenamiento jurídico, ya que la norma compromete la pluralidad en la difusión de campañas institucionales y pone en riesgo la viabilidad de algunos medios. La Consejería de la Presidencia, que solicitó el dictamen en julio para clarificar la aplicación de la ley, insiste en la importancia de proteger la seguridad jurídica y los principios de igualdad en la contratación pública.