El Gobierno de Sánchez se lava las manos frente a la contaminación de los acuíferos de León

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha confirmado la contaminación de varios acuíferos en las zonas afectadas por los incendios forestales de León, una situación que podría comprometer la calidad del agua subterránea utilizada para consumo y explotación comercial. Según el informe remitido a Ecologistas en Acción, se han identificado masas de agua potencialmente afectadas en La Tercia-Mampodre-Riaño, Babia-Luna, Terciario Detrítico del Esla-Cea y La Maragatería.

El documento precisa que, debido a las características hidrogeológicas de las zonas más vulnerables, se realizará una monitorización extraordinaria para detectar contaminantes típicos de los incendios forestales, como hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados. No obstante, advierte de que el impacto real sobre los acuíferos podría ser progresivo, ya que los contaminantes tardan en filtrarse hasta el subsuelo y dependerán de las precipitaciones y la recarga natural del terreno.

Frente a la respuesta de la CHD, la Dirección General de Minas, responsable de conceder las declaraciones de aguas minerales, ha desoído las advertencias. En su resolución al requerimiento de Ecologistas en Acción, el organismo afirma que 'no existe precepto legal que obligue a iniciar un procedimiento de comprobación de la calidad de las aguas' ya declaradas como minerales, ni a suspender cautelarmente los permisos otorgados.

Una respuesta que ha provocado la indignación de Ecologistas en Acción, que tilda de 'decepcionante' la 'falta de sensibilidad' y critica que se sigan aplicando 'viejas recetas administrativas' ante una crisis medioambiental de nueva generación. La organización recuerda que la Ley de Minas vigente data de 1973, una 'norma obsoleta y preconstitucional' que no contempla el impacto ambiental de las explotaciones mineras ni la contaminación derivada de catástrofes naturales.

La preocupación es mayor porque, según advierte la organización ecologista, dos proyectos de plantas embotelladoras se encuentran actualmente en tramitación en la provincia de León, y ambos pretenden extraer agua de zonas contaminadas. Se trata de la planta de Bezoya-Jamuz en Quintanilla de Flórez y del manantial 'La Borrazal' en Pobladura de la Sierra, ambos dependientes de la aprobación final de la Dirección General de Minas.

Por este motivo, Ecologistas en Acción de León ha exigido formalmente que la Dirección General de Minas tenga en cuenta el informe de la CHD y evite autorizar el aprovechamiento de aguas que 'no cumplen las exigencias legales' de pureza y calidad establecidas cuando fueron declaradas como minerales naturales.

La organización ecologista alerta de que el riesgo para la salud pública y el impacto ambiental podrían mantenerse durante años si no se toman medidas urgentes. 'No se puede permitir comercializar agua procedente de acuíferos contaminados tras los incendios', advierten.

Mientras tanto, la provincia de León afronta una nueva amenaza medioambiental sin respuestas claras por parte de las administraciones. La burocracia sigue su curso, los permisos siguen vigentes y los acuíferos, que antes eran fuente de vida, hoy se han convertido en reservorios de contaminación y desidia institucional.