Mañueco contra el modelo de financiación de Sánchez: “Con los servicios públicos de CyL no se puede mercadear”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha elevado el tono contra el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de que con los servicios públicos de la Comunidad “no se puede mercadear”.

En un mensaje directo al Ejecutivo central, Mañueco ha denunciado que la propuesta que se maneja en estos momentos supone “jugar con nuestra salud, con nuestra educación y con la atención a las personas mayores”, al tiempo que ha reclamado que no se detraigan recursos a Castilla y León para destinarlos a acuerdos políticos que nada tienen que ver con el interés general.

El presidente autonómico ha rechazado que la Comunidad pueda recibir únicamente el 1,29 por ciento de los nuevos fondos cuando representa cerca del 20 por ciento del territorio nacional y alrededor del cinco por ciento de la población, una desproporción que, a su juicio, evidencia un modelo pensado más para satisfacer a los socios parlamentarios del Gobierno que para garantizar la igualdad entre españoles.

Mañueco ha insistido en que la financiación autonómica debe servir exclusivamente para sostener los servicios públicos esenciales —sanidad, educación, servicios sociales y atención a las personas mayores— “en todo el territorio”, y no para “comprar el apoyo político de formaciones políticas o de personas”, en clara alusión a la estrategia del Ejecutivo de Sánchez para mantenerse en el poder.

En este contexto, ha dejado claro que no permitirá que Castilla y León sea moneda de cambio en las negociaciones del Gobierno central y ha subrayado que no consentirá que se “juegue” con la sanidad, la educación ni los servicios sociales de la Comunidad.

Las declaraciones de Mañueco se han producido en el Hospital del Bierzo, en Ponferrada (León), durante la presentación de las mejoras en el transporte de emergencias sanitarias, un acto en el que ha reivindicado la necesidad de una financiación justa para garantizar la calidad de los servicios públicos en una comunidad extensa y envejecida.