Castilla y León, relegada en la nueva financiación: solo el 1% de los fondos pese a su peso territorial
Mañueco denuncia con números en la mano que el nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno de Sánchez castiga a la región, margina a su territorio y pone en riesgo la igualdad en la prestación de los servicios públicos.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Pese a que desde el Gobierno hablan de un nuevo modelo de financiación más "justo y equilibrado" para todas las regiones, la realidad dista lejos de esta afirmación. Desde Castilla y León vuelven a alzar la voz ante lo que consideras un nuevo agravio del Gobierno central. Está en juego el modelo de financiación autonómica y, con él, la capacidad de la Comunidad para sostener sus servicios públicos en igualdad de condiciones. Por ello Alfonso Fernández Mañueco no va a cejar en su empeño y ha calificado la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez como “el mayor ataque” sufrido por Castilla y León.
El presidente de la Junta ha cargado con dureza contra el nuevo modelo presentado por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al considerar que es profundamente injusto y revela que la Comunidad “no entra en los planes de futuro del Gobierno de Sánchez”. Lo ha hecho tras la firma de un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid), desde donde ha denunciado el desequilibrio que plantea la propuesta.
Mañueco ha puesto cifras al agravio: Castilla y León representa el 20% de la superficie del país y el 5% de su población, pero apenas recibiría el 1% de los nuevos fondos. “Esto tiene un nombre”, ha insistido, “es el mayor ataque del Gobierno de Sánchez a la comunidad autónoma de Castilla y León”, subrayando el impacto que este reparto tendría en un territorio extenso y con especiales necesidades de prestación de servicios.
Frente a una lógica de reparto que, a su juicio, enfrenta territorios, el presidente autonómico ha defendido que el debate debe centrarse en garantizar la igualdad entre ciudadanos. La financiación, ha remarcado, no puede responder a intereses partidistas, sino servir para que los servicios públicos se presten con la misma calidad vivan donde vivan los ciudadanos. “Esta propuesta no es justa, no atiende al territorio y, lo que es más grave, no atiende a las personas”, ha zanjado.
