CCOO lleva a Medio Ambiente ante la Inspección de Trabajo por poner en riesgo a los bomberos forestales

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, por no cumplir con lo que establece la Ley de Bomberos Forestales. 

Según denuncia CCOO, los bomberos que forman parte del operativo contra incendios de la Junta se encuentran en una situación de “total indefensión”, ya que sus cotizaciones a la Seguridad Social no se están realizando de manera correcta y, además, no tienen la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada, ni ahora ni en el futuro.

El sindicato considera que esta situación constituye un “incumplimiento flagrante de la legalidad” y de las obligaciones de la administración hacia este colectivo, que está formado por cerca de 1.000 trabajadores y trabajadoras. Por ello, CCOO ha vuelto a exigir la dimisión inmediata del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

Asimismo, el sindicato critica que la Junta de Castilla y León no aplica la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales, una normativa básica de alcance estatal que lleva más de un año en vigor y que debería garantizar los derechos y condiciones laborales de los bomberos. Según CCOO, la administración autonómica “ha decidido ignorarla de manera deliberada”. Con esta denuncia, el sindicato busca poner de relieve las irregularidades laborales y presionar para que se adopten medidas inmediatas que aseguren la protección, los derechos y la seguridad del personal del operativo, especialmente en un periodo de alto riesgo de incendios forestales.

El sindicato advierte que esta situación causa un perjuicio laboral y económico directo a los bomberos forestales y podría derivar en decenas o incluso cientos de reclamaciones judiciales para defender sus derechos. Según CCOO, los costes de estas reclamaciones acabarían recayendo sobre la sociedad, que tendría que asumir con sus impuestos las consecuencias de la gestión negligente de la Consejería de Medio Ambiente. Además, el sindicato señala que estos incumplimientos serían considerados gravísimos si ocurrieran en cualquier empresa privada, lo que refleja la gravedad de la situación.