Activada la vía legal para que Castilla y León sea declarada zona gravemente afectada tras las borrascas

Castilla y León ha encadenado durante estas semanas nevadas, lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un acusado descenso de las temperaturas que han alterado de forma sustancial la normalidad en buena parte del territorio. El impacto ha sido tal que la Junta ha solicitado al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para hacer frente a los daños provocados por las borrascas registradas entre el 7 y el 12 de febrero de 2026.

Durante estos días críticos, la Comunidad ha mantenido activadas distintas situaciones operativas de sus planes autonómicos, especialmente el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y el Plan ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCYL). El objetivo: garantizar la seguridad de las personas y minimizar los daños en un contexto de emergencia que ha superado la rutina administrativa y operativa.

Los efectos han sido visibles en múltiples frentes. Se han registrado daños en viviendas y enseres, en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, en pequeñas empresas y en el entorno medioambiental. También se han visto afectadas infraestructuras municipales y redes viarias, obligando a las corporaciones locales a acometer actuaciones inaplazables para responder a la emergencia.

La magnitud de los perjuicios encaja en la definición de “catástrofe” contemplada en el artículo 2 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, al haberse alterado de forma significativa el funcionamiento ordinario de la Comunidad y generarse impactos cuya atención puede superar los medios propios de la Administración autonómica.

Por ello, y en virtud de sus competencias, la Junta ha adoptado el acuerdo para solicitar formalmente al Gobierno de España la aplicación de las medidas previstas en el capítulo V de dicha ley. Se trata de un paso clave para articular ayudas y compensaciones que permitan la adecuada recuperación económica y social de los territorios afectados.

La campaña agrícola, declarada excepcional

A la emergencia general se suma una preocupación añadida: el campo. El Consejo de Gobierno ha declarado excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado mes de noviembre. Las lluvias continuadas han provocado la saturación de los suelos y han impedido en muchos casos la entrada de maquinaria en las parcelas. Esto ha dificultado la realización de siembras, abonados y tratamientos, ha incrementado el riesgo de compactación del terreno y ha favorecido problemas como la asfixia radicular.

La declaración formal constituye el primer paso para adoptar medidas ajustadas a las necesidades del sector agrario. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural analizará la existencia de un “fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación”, conforme a la normativa europea.

Entre las posibles actuaciones se contempla el establecimiento de excepciones al cumplimiento de los requisitos de la Política Agraria Común (PAC), con el fin de mitigar los perjuicios derivados de los episodios de lluvias. Con estas decisiones, la Junta busca dar cobertura institucional y respaldo jurídico tanto a municipios como a agricultores y empresas afectadas, en un contexto meteorológico extraordinario que ha puesto a prueba la resistencia del territorio y de sus sectores productivos.