El PP blinda su acuerdo con Vox y garantiza que las 324 medidas se aplicarán dentro de la legalidad

El Partido Popular ha querido despejar cualquier duda sobre el acuerdo alcanzado con Vox para formar un nuevo gobierno de coalición en Castilla y León.

El portavoz de la Junta en funciones y uno de los negociadores del pacto, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido este jueves en que todas las medidas incluidas en el documento respetarán escrupulosamente la legislación vigente y contarán con el aval de los correspondientes informes jurídicos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha defendido la solidez del acuerdo presentado por el futuro presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y por el futuro vicepresidente, Carlos Pollán. El dirigente popular ha recordado que el texto se sustenta en principios como el respeto a la democracia, el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho.

Ante las críticas surgidas tras conocerse el contenido del pacto, el portavoz ha reconocido que existen posiciones discrepantes, aunque ha recordado que representan a fuerzas minoritarias en el Parlamento autonómico. En cualquier caso, ha considerado que esas opiniones no alteran la validez ni la legitimidad de un acuerdo llamado a garantizar la gobernabilidad de la comunidad.

Carriedo ha reiterado en numerosas ocasiones que el cumplimiento de la ley constituye una de las bases fundamentales del pacto. Según ha explicado, cada una de las medidas previstas deberá someterse a los informes jurídicos correspondientes, que actuarán como garantía de legalidad en su aplicación práctica.

Especialmente relevante será ese control técnico en cuestiones relacionadas con las ayudas sociales y de vivienda, ámbitos en los que los servicios jurídicos de la Administración serán los encargados de verificar el ajuste de cada iniciativa al marco normativo vigente.

El portavoz ha destacado además el elevado nivel de concreción del acuerdo, que recoge un total de 324 medidas, muchas de ellas acompañadas de plazos específicos para su ejecución. A su juicio, este grado de detalle permitirá realizar un seguimiento preciso de los compromisos adquiridos por ambas formaciones.

Preguntado por la posibilidad de que algunos de esos objetivos no puedan cumplirse en las fechas previstas, Carriedo ha asegurado que el Ejecutivo trabaja con la intención de desarrollar todas las medidas en los tiempos acordados. No obstante, ha señalado que, si se produjera algún retraso, el Gobierno autonómico informaría de forma transparente sobre las razones que lo hubieran motivado y evaluaría las circunstancias que lo hubieran provocado.