Diez años de arraigo para acceder a vivienda protegida: la apuesta de PP y Vox por los residentes de Castilla y León

PP y Vox han alcanzado un acuerdo de Gobierno que introduce un nuevo modelo de acceso a la vivienda pública en Castilla y León, basado en la prioridad para quienes llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo al desarrollo de la comunidad. La medida busca garantizar que los recursos públicos destinados a vivienda beneficien en primer lugar a las familias con una vinculación real y duradera con el territorio.

Entre las principales novedades destaca la exigencia de un mínimo de diez años de empadronamiento en España y en Castilla y León para acceder a la compra de una vivienda protegida. En el caso del alquiler social, el requisito será de cinco años. Según recoge el acuerdo, el objetivo es asegurar que las ayudas financiadas por todos los contribuyentes lleguen prioritariamente a quienes han desarrollado su proyecto de vida en la comunidad autónoma.

El pacto también contempla la exclusión de las personas condenadas por allanamiento o usurpación de viviendas durante los últimos cinco años, así como de quienes hayan sido objeto de resoluciones administrativas firmes relacionadas con la ocupación ilegal de inmuebles públicos. Con ello, PP y Vox pretenden reforzar la seguridad jurídica y proteger a quienes cumplen con las normas.

Además del empadronamiento, el nuevo sistema valorará factores como la trayectoria laboral, los años de cotización, la existencia de familiares residentes en Castilla y León o cualquier otro elemento que acredite una vinculación efectiva con la comunidad. Los firmantes consideran que estas medidas contribuirán a fijar población, favorecer el retorno de quienes tuvieron que emigrar por falta de oportunidades y fortalecer la cohesión social.

Las políticas de vivienda también pondrán el foco en los colectivos más afectados por las dificultades de acceso a un hogar. Jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, personas con discapacidad, unidades familiares con dependientes a cargo y ciudadanos sin alternativa habitacional serán algunos de los perfiles que recibirán una atención prioritaria dentro de los procesos de adjudicación.

El acuerdo incluye además un importante incremento de la inversión pública en vivienda. PP y Vox se comprometen a aumentar en un 80 % los recursos destinados a esta materia y a desarrollar desde 2027 nuevas iniciativas para facilitar el acceso a la propiedad a las personas de hasta 40 años.

Entre las medidas previstas figura la ampliación del programa "Mi Primera Vivienda", elevando los avales públicos hasta el 20 % del valor de la hipoteca para que los jóvenes puedan acceder al 100 % de la financiación necesaria para comprar una vivienda. Asimismo, se impulsarán bonificaciones fiscales y ayudas específicas destinadas a facilitar la emancipación.

Especial relevancia tendrá el medio rural. Los jóvenes podrán beneficiarse de descuentos de hasta 30.000 euros en la compra de vivienda pública en municipios de la comunidad, una medida que busca favorecer el asentamiento de población y combatir la despoblación.

El plan contempla también la puesta en marcha de un programa de alquiler seguro, la ampliación de las ayudas al alquiler, la creación de una Bolsa Pública de Suelo y una Unidad Aceleradora de Proyectos de Vivienda Protegida que permitirá agilizar los trámites administrativos y reducir los plazos de construcción.

Como objetivo de legislatura, PP y Vox impulsarán la construcción de al menos 5.000 viviendas protegidas mediante fórmulas de colaboración público-privada. Con esta iniciativa, ambas formaciones pretenden ampliar significativamente la oferta de vivienda asequible y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de miles de familias castellanas y leonesas.