El alcalde de Soria se agarra al TSJ para intentar apagar el incendio del presunto "chivatazo"
El alcalde Javier Antón sostiene que el comunicado del Tribunal Superior de Justicia desmonta las acusaciones de PP y Vox, mientras la oposición mantiene la presión tras presentar querellas por el conocimiento previo de la operación judicial.
El alcalde de Soria, Javier Antón.
El registro del Ayuntamiento de Soria del pasado martes sigue dando que hablar a raíz de las informaciones que salen sobre el caso. El alcalde de la ciudad, Javier Antón, ha salido este viernes en defensa de la actuación del Ayuntamiento tras la publicación del comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), un documento que, a su juicio, demuestra que el Ayuntamiento actuó en todo momento con absoluta lealtad a la Justicia y dentro de la legalidad.
La polémica, que mantiene al PSOE de Soria bajo el foco político reside en la posible existencia de un "chivatazo" que hubiera puesto en conocimiento previo al Ayuntamiento sobre que podría producirse una actuación judicial. Una circunstancia que PP y Vox han considerado de enorme gravedad, lo que les ha llevado a presentar las correspondientes querellas al entender que deberían depurarse responsabilidades.
El TSJ confirma un aviso previo
Según recoge el comunicado emitido por el TSJCyL, el Tribunal de Instancia de Soria, encargado de investigar el presunto caso de corrupción que derivó en el registro del Ayuntamiento y la detención de siete personas, habría remitido un escrito al alcalde el 22 de junio, justo un día antes de la operación de la Guardia Civil.
El Alto Tribunal aclara que, en ese comunicado, no se incluya la fecha concreta del registro ni el contenido de las diligencias, una circunstancia a la que se aferra el alcalde para defender la actuación del Ayuntamiento, que según él, fue conforme a las instrucción es judiciales y sin conocer los detalles de la investigación.
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La oposición mantiene el foco sobre el Gobierno municipal
Pese a la explicación ofrecida por el TSJCyL, la controversia está lejos de cerrarse y las sospechas de la oposición aumentan y el Partido Popular y Vox sostienen que el hecho de que el alcalde conociera con antelación la posibilidad de un registro merece todas las explicaciones y han decidido trasladar el asunto a los tribunales.
Desde el Gobierno municipal, Antón insiste en que el Ayuntamiento colaboró desde el primer momento con la Justicia, actuó con "máxima reserva " y respetó escrupulosamente el secreto de las actuaciones.